Perú: Seguimiento a la lucha de Puno



(9 de junio, Somos Sur)

Pobladores de la región de Puno en Perú retomaron este miércoles 8 de junio la huelga indefinida con bloqueo de carreteras, iniciada a principios de mayo en rechazo a la ampliación de concesiones mineras a la empresa Santa Ana y para conseguir que Puno quede libre de explotación minera y petrolera. Por 23 días la carretera Panamericana y el puente Internacional de Desaguadero, accesos fronterizos entre Perú y Bolivia, permanecieron bloqueados, impidiendo el tránsito entre los dos países

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La ciudad de Puno se encuentra a 1.324 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima. Por vía terrestre se comunica con Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y con La Paz - Bolivia.


En declaraciones a la prensa peruana el 31 de mayo, Walter Aduviri, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno, Perú –organización que junto a  la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Perú) encabezan la movilización-, anunció que la medida sería levantada por una semana hasta que pasen las elecciones presidenciales programadas para el domingo 5 de junio.

“Esta tregua fue acordada con el único objetivo de que no se entrampe el proceso electoral a realizarse el 5 de junio...El pueblo aymara ha dicho: ‘Queremos sufragar’”,  manifestó Aduviri.

A estas alturas del conflicto, los pobladores de la provincia de Carabaya -también en la región de Puno- han sumado la demanda de su región que rechaza  la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, y han iniciado un paro indefinido, ampliándose los bloqueos e impidiendo el paso a  otras comunidades de Puno como Macusani,  Juliaca, Ollachea, San Gabán y Puerto Maldonado.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Inambari, Hernán Vilca, expresó al diario El Comercio los perjuicios que la construcción de esta mega estructura ocasionaría a la población: “Nosotros sabemos qué efectos produce esa represa [...] producirá gas metano. Además afectará la zona intangible del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Nuestra carretera se va a inundar y, por ello, se va a construir otra carretera, por lo que San Gabán va a quedar abandonado, mientras que Loromayao, Chaspa, Lechemayo y Puerto Manoa, en total más de 20 centros poblados, serán inundados”. En otra declaración aseguró: “El paro es total… creemos que esta es la única manera de que el gobiernos nos escuche, si es necesario tomaremos medidas radicales, lo único que estamos pidiendo es la cancelación definitiva del proyecto Inambari y las concesiones mineras en esta provincia”.

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  • Antecedentes y desarrollo del conflicto

agrosiminano-    El conflicto en el departamento de Puno y sus provincias inició con un paro de 48 horas los días 25 y 26 de abril, "rechazando la explotación minera, en defensa de los recursos naturales de la región, pidiendo se aplique la Ley de la Consulta Previa y el cumplimiento del Convenio Nº 169 de la OIT, respecto a la consulta a los pueblos indígenas y originarios para el uso de las tierras", convocado por  el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno y en coordinación con organizaciones como la Coordinadora Regional de Comunidades Quechua y Aymara, CONACAMI, UNCA y Cocaleros de Carabaya. En esta amplia movilización se bloqueó la carretera Puno- Desaguadero..

-    Anteriormente a esta movilización, el 6 de abril ya se había cumplido otra en contra del Gobierno Regional de Puno y su autoridad  Mauricio Rodríguez que se opuso a aprobar una ordenanza negando las concesiones mineras en la región,  favoreciendo de esta forma a la minera Santa Ana.

-    El 9 de mayo, con mucha más fuerza y con el cierre del paso fronterizo entre Perú y Bolivia, la población de Puno comenzó el paro indefinido que concentró a miles de indígenas y comunarios en la Plaza de Armas de este departamento y en la localidad de Desaguadero. La huelga inició después de una reunión fallida con el presidente regional de Puno Mauricio Rodríguez y de haber postergado una semana las movilizaciones esperando soluciones de parte del ejecutivo.

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-El 23 de mayo, el gobierno -mediante el  Ministerio de Defensa- autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en Puno reforzando a  la Policía Nacional y desplazando mas de medio millar de efectivos militares y policiales a la región.

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-    El 26 de mayo, aprovechando el clima tenso y el conflicto en Puno,  según Walter Aduviri, infilitrados en las movilizaciones saquearon  oficinas públicas como la Aduana en Puno.

-    El 27 de mayo, el ejecutivo anunció un primer acuerdo entre éste y autoridades de las provincias de Puno, por lo que insta a levantar los bloqueos. Sin embargo, el acuerdo es rechazado por la población, según Walter Aduviri del Comité de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, porque el acuerdo define sólo una suspensión  e interrupción de 12 meses para  la  admisión de pedidos de concesiones mineras en las zonas afectadas y el mismo tiempo de demora para la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Santa Ana, sin constituirse en una solución al conflicto.

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La Presidenta del Consejo de ministros Rosario Fernandez, que encabezo la comitiva del gobierno.


aduviry-    El 31 de mayo, Walter Aduviri anuncia el inicio de una semana de cuarto intermedio, medida que fué determinada en un ampliado con las organizaciones y bases movilizadas, todo para garantizar la realización de las elecciones Presidenciales en la región: “Esta tregua fue acordada con el único objetivo de que no se entrampe el proceso electoral a realizarse el 5 de junio..."el pueblo aymara ha dicho “Queremos sufragar’”, declaró Aduviri.

  • Actores

-    Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, a la cabeza del dirigente Walter Aduviri Calizaya.

-    Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Perú (CONACAMI), a la cabeza del dirigente Pablo Salas

-    Organizaciones barriales, comerciantes, campesinas y pobladores de los distritos de Corani e Ituata de Inambari con su organización matriz el Frente de Defensa de los Intereses de Inambari con su dirigente Hernán Vilca.

-    Miles de manifestantes de los distritos de Kelluyo, Pizacoma y Huacullani de la provincia de Chucuito, además de pobladores de las provincias de Melgar y Azángaro

-    Magisterio del Desaguadero, que invocaron a las demás provincias de la región a que se “unan a la lucha en defensa de los recursos naturales y evitar que el recurso hídrico sea contaminado con cianuro, mercurio y demás elementos letales”.

-    Organizaciones del norte de Puno que según Aduviri se organizan para apoyar la medida.

-    Unos 700 pobladores del distrito de Orurillo, provincia de Melgar-Ayaviri, en solidaridad con los pobladores de Puno tomaron instalaciones del campamento minero La Poderosa, en Puno y acataron un paro de 48 horas el miércoles.

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  • Demandas

A lo largo de las movilizaciones los pobladores de Puno han dado a conocer sus demandas:

manifestantes_puno- Derogación del Decreto Supremo 087-2007 que permite operar al proyecto minero Santa Ana con el rechazo y cancelación definitiva de este proyecto, y de todas las concesiones mineras y petroleras transnacionales en la región, como es la concesión Khapía, Ayllu SAC, Turrine SAC, grupo Minsur, Buenaventura y otros.

. La emisión de dos decretos, uno cancelando las concesiones mineras en la zona sur de Puno y el otro derogando el Decreto Supremo 083-2007.

- Intangibilidad de la zona del Cerro Khapia ubicado en Yunguyo.

- Cancelación definitiva de las concesiones de los lotes petroleros 56 y 57 por ubicarse en zona pecuaria, agropecuaria y pesquera.

-  El cese de la persecución a los dirigentes por parte del gobierno de turno.

- Aprobación de la Ley de Consulta Previa y implementación plena  del Artículo Nº 6 del Convenio 169 de la OIT.

- El rechazo a la construcción de la hidroeléctrica del Inambari

- Aduviri también  se manifestó en contra de un proyecto propuesto en el Congreso de la República para trasvasar aguas del lago Titicaca hacia territorio de la región Tacna.

  • La minera  Santa Ana

“La mina Santa Ana (canadiense –inglesa), está ubicada a 500 metros de la capital del distrito de Huacullani, cuenta con una residencia prefabricada de 7 ambientes, medios de comunicación satelital, pozos de aguas servidas, maquinarias, camionetas y otros instrumentos propios de la extracción minera”. (Los Andes, 13 de marzo de 2011)

A continuación una nota de prensa del Diario Los Andes del 9 de marzo de 2011, en la que se muestran las proyecciones , intereses y  beneficios de la minera Santa Ana que opera en Puno y a la cual los pobladores denuncian de serios daños ambientales y saqueo de los recursos naturales de la región.

Minera “Santa Ana” iniciaría explotación de plata en Huacullani en el 2012

Once años sería el tiempo que duraría la extracción del mineral.

minasantaana- La empresa plantea la extracción de 63 millones de onzas de plata por año de trabajo. - El área que abarcaría la concesión minera sería de mil hectáreas y el canon beneficiaría a los distritos de Huacullani y Kelluyo.

El proyecto Santa Ana iniciará la explotación de plata en el distrito de Huacullani – Chucuito, en los primeros meses del año 2012, aunque previamente deberá superar las diferentes etapas y cumplir con los requisitos que exigen las normas, como tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, según señaló Francisco Tamayo Ángeles, jefe de Relaciones Públicas de Bear Creek MiningCompany.

En entrevista otorgada a este matutino, Tamayo Ángeles manifestó que entre el 23 y 24 de marzo,el Ministerio de Energía y Minas estaría enviando preguntas a la concesionaria, para responder a la entidad del Estado ellos tendrán un mes de tiempo, periodo en la que el Ministerio estará contrastando los estudios ambientales hechas por parte de los responsables.

En caso el MEM apruebe el EIA, la empresa demoraría ocho meses para la instalación de la infraestructura de explotación del mineral, extraerán agua del subsuelo que será usado en circuito cerrado y para evitar riesgos ambientales el uso de los químicos sería 50 metros de profundidad, según el representante, quien aseguró no habrá contaminación ambiental.

Tamayo Ángeles sostuvo que la extracción del mineral en total serían 63 millones de onzas de plata, 4.6 millones por año durante un periodo de 11 años. Los distritos más favorecidos por las regalías mineras y canon minero serían los distritos de Huacullani y Kelluyo, además de la provincia de El Collao, universidades públicas y el Gobierno Regional.

Reconoció que han encontrado oposición de parte de un grupo de pobladores que viven en distritos aledaños y que contrariamente los pobladores de las comunidades donde está ubicada la concesión, área que abarcaría la concesión serían mil hectáreas, y actualmente estarían en proceso de adquisición a los dueños de acuerdo a Ley.

El beneficio que traería este proyecto a las comunidades aledañas, sería en educación, salud y trabajo para los pobladores, sostuvo el representante en una exposición genérica a cerca del proyecto “Santa Ana” que se realizó en las instalaciones de este medio de comunicación.
OTRO SI: La empresa minera Santa Ana tiene otro proyecto de extracción de plata en Corani -provincia de Carabaya, la cual se encuentra en etapa de exploración.Corani -provincia de Carabaya, la cual se encuentra en etapa de exploración.

  • Humala y el conflicto en Puno

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Pasadas las elecciones y con el triunfo de Ollanta Humala que lo posiciona como nuevo Presidente del Estado Peruano, muchos pobladores manifestaron  la idea de que el conflicto en contra las concesiones mineras de Puno podrían solucionarse sin necesidad de movilizaciones, esto por el amplio apoyo que obtuvo en esta región (62% en la primera vuelta y 77,5% en la segunda), sin embargo el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Sur, Walter Aduviri, expresó su desconfianza en las promesas de Humala de revisar las concesiones mineras e incorporar a la población en la toma de decisiones.

Además, el ahora mandatario, por distintos medios de comunicación peruanos exhortó a los dirigentes sociales a levantar sus medidas para no perjudicar las elecciones presidenciales y al presidente Alan García a que resuelva el conflicto, pero nunca se manifestó a favor de la demanda del pueblo de Puno.

  • Derechos Humanos respaldó datos sobre concesiones mineras y daño ambiental en Puno

El 24 de mayo la instancia de Derechos Humanos del Puno se pronunció apoyando y justificando la movilización y la demanda del pueblo de Puno, a continuación su pronunciamiento:

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE - PUNO

PRONUNCIAMIENTO

La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, nos dirigimos a la opinión pública, al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, a la Presidencia del Consejo de Ministros,  a la Presidencia del Congreso de la República, al Presidente Regional de Puno. Frente al justo reclamos de los hermanos y hermanas de la zona sur de nuestra región, en contra de las concesiones mineras y petroleras, manifestamos  lo siguiente:

La Región Puno,  tiene como problema principal el débil acceso y calidad de agua para el consumo humano, actividades agropecuarias, pesca y otros. Las actividades mineras solo son de beneficio de pocas personas convirtiéndose en la causa de la miseria de la población regional.

En el año 2010,  se han recibido 1,656 solicitudes  de concesiones mineras en Puno, se han registrado  en el Inventario Actualizado de Pasivos Ambientales Mineros hasta el 28 de agosto del año 2010, que existen 256 Pasivos Ambientales en la Región, ubicados en la Provincia de Carabaya 80, Puno 16, San Antonio de Putina 51, Sandia 3, Lampa 54, San Román 9, Azángaro 2, Huancané  1, Chucuito 37, y 3  que no se conoce los lugares, existen también las concesiones de los lotes petroleros Nº  105, 141, 155 y 156 que abarcan a 11 de las 13 provincias de  la Región.

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El 48% de los conflictos sociales son medio ambientales, estos conflictos por lo general ocurren cuando no hay información oportuna, cuando empresas mineras ingresan a territorios de Comunidades Campesinas, sin respetar el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre e informado.

Desde hace 16 días, los pobladores de la zona sur de la Región, entre ellos mujeres, niños y ancianos,  permanecen en la intemperie, solicitando solución a sus legítimos derechos  la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, sin que haya respuesta de parte del Estado hasta el momento. Durante los últimos días esta medida de lucha, ha recibido el apoyo de muchas organizaciones sociales, instituciones, universidades de  nuestra Región de Puno, quienes se unen ante esta protesta mostrando su indignación ante la dejadez de parte del Gobierno Central.

Por esta razón solicitamos lo siguiente:

1.      Exigimos el cumplimiento de la aplicación del Derecho a la Consulta,  a todas las concesiones mineras emitidas por el INGEMMET desde el año 1995, que afectan los derechos de las comunidades campesinas de la región de Puno, establecidos en  los artículos 6,7,15 del  Convenio 169 de la OIT, y ahora estipulado en el Decreto Supremo 023-EM, Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas para las  actividades Minero Energéticas. Así como se garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y de los fundamentos 52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC.

2.      Respecto a la Resolución Suprema 131-2011-PCM, la cual rechazamos  y pedimos la  incorporación a esta comisión  a los actores de la sociedad civil y otras  instituciones que trabajan  el tema medio ambiental, especialmente  de los dirigentes del  Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur, actualmente en conflicto con la Empresa  Minera Bear Creek Mining, Santa Ana. Demandamos que para el funcionamiento de esta Comisión se precise los objetivos, facultades y se acorte los plazos,  y que las reuniones de esta comisión deben ser realizadas en la ciudad de Puno y que los acuerdos al que arriben tengan carácter vinculante.

3.      Rechazamos la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, por cuanto no es una respuesta que ayuda al dialogo y a resolver los problemas con mecanismos pacíficos.

4.      Invocamos a las autoridades regionales y locales a la sociedad civil a mantener calma y responsabilidad para la conformación de una Comisión Regional, que ayude al dialogo con el Gobierno Central  para la solución del conflicto.

La oficina de Derechos Humanos y medio Ambiente de Puno, ratifica su compromiso de seguir trabajando por la defensa de la vida, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en el marco del desarrollo humano sostenible.

Puno, 24 de Mayo del 2011

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