Tras la "quiebra" de la fábrica de cuero Tannery América

tannery

30 de octubre de 2016

En Bolivia se está dando una ola de cierres de fábricas bajo el rótulo de "empresas en quiebra", traendo como resultado masivos despidos de los trabajadores. Es el reciente caso de la fábrica de cuero Tannery América, ligada la a la empresa MANACO.

Escuchamos testimonios de dos trabajadores después de casi dos meses de huelga y compartimos un artículo de CEDLA en relación a estas "quiebras".

Radio Somos Sur

En el programa radial de Somos Sur entrevistamos a dos obreros de la fábrica de cuero Tannery América, cuyo dueño –tras 47 días de huelga de los trabajadores - declaró una “quiebra” y el consiguiente cierre de la fábrica. Los testimonios hablan de la falta de 5 meses de pago, abusos patronales y una actitud pro-patronal en el Ministerio de Trabajo. La Federación de Fabriles de Cochabamba organizó una marcha de apoyo, repudiando este (nuevo) atentado contra los trabajadores.

 (23 de octubre de 2016, 15 minutos)

Bata Manaco Tannery Bolivia

Un video publicitario (en inglés) de la empresa de calzados MANACO muestra a dicha empresa como propietaria de la fábrica Tannery, donde los trabajadores denuncian la vulneración de sus derechos laborales al haber sido despedidos.


La ley establece otra cosa, pero…

QUIEBRAN LAS EMPRESAS, LOS DERECHOS LABORALES TAMBIÉN

Bruno Rojas, CEDLA

Si bien la legislación boliviana establece que los derechos de los trabajadores gozan de prelación cuando una empresa quiebra, vale decir, que tienen trato preferente y privilegiado con relación a otros acreedores, en la realidad, el pago de salarios adeudados y otros beneficios sociales que corresponde por ley, quedan postergados y hasta conculcados. Los empresarios los ignoran y el Estado hace poco o nada para hacer cumplir estos derechos.

Como es de conocimiento público, actualmente una empresa de aeronavegación se debate entre el cierre definitivo y la posibilidad de reorganización y, otra del rubro de confección de prendas de vestir vendría a ser la base para la creación de una nueva empresa estatal, frente a la imposibilidad de mantenerse a flote por las cuantiosas deudas adquiridas. En ambos casos, los salarios adeudados de varios meses y el pago de beneficios sociales como la indemnización se mantienen en el limbo en perjuicio de cientos de trabajadores quienes además, corren el grave riesgo de perder sus fuentes de empleo, no obstante las propuestas de recomposición de la empresa y de una nueva contratación laboral.

enatexEn el pasado cercano, el cierre de otra empresa aérea y de varias factorías en la actividad textil que, en algunos casos derivaron en el cambio de propietarios, dejaron un claro y penoso antecedente para los trabajadores: los derechos laborales fueron conculcados por los empresarios y el Estado. En este sentido, el costo social para los trabajadores fue muy alto, muchos de los cuales quedaron en las calles y otros que fueron contratados nuevamente comenzaron de cero, sin los derechos adquiridos anteriormente como el bono de antigüedad y con salarios bajos y contratos temporales.

Una reciente reunión de la Plataforma por el Derecho del Trabajo (19/06/12) promovido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, aportó con varios elementos de análisis orientados a destacar la importancia de la prelación laboral en el contexto actual, cuyos argumentos centrales debatidos en este evento los exponemos en este artículo 1 .

¿Qué es la quiebra?

La quiebra es aquella situación legal en la que un empresario o persona jurídica “momentánea, temporal o definitivamente se encuentra imposibilitado” de cumplir con sus “obligaciones contraídas” (Osorio, 2009). Es el estado en el que aquellos, además de cesar en los pagos correspondientes, no lograron una solución preventiva que haya derivado en un “avenimiento o concordato” por lo que, debe procederse a la ejecución “forzada de sus bienes para con el producto de dicha realización satisfacer, en lo posible, primero, los gastos originados y luego las deudas del quebrado” (Malagarriga, citado en Osorio, 2009). A fin de evitar que los empresarios quebrados incumplan con el pago de las obligaciones contraídas, entre ellas los adeudos a los trabajadores, las leyes referidas a la quiebra en el mundo capitalista imponen una serie de restricciones hasta llegar a la anulación de cualquier acto o contrato establecido por ellos.

La quiebra puede ser casual o fortuita, culpable y fraudulenta, para mencionar a las más importantes, de las cuales, las dos últimas son las más recurrentes y donde los empresarios tienen exclusiva responsabilidad. Las causas van desde la adopción de gastos desmedidos, especulaciones ruinosas, abandono del negocio y cualquier tipo de negligencia en la gestión de la empresa (quiebra culposa) hasta la simulación de deudas, enajenación de bienes y recursos, alteración de libros contables y documentos de la empresa y el uso indebido de fondos, en condiciones dolosas (quiebra fraudulenta) (Osorio, 2009). En los casos de quiebra fraudulenta, los empresarios son procesados por las leyes penales vigentes en cada país. Otras fuentes aluden a tipificar la quiebra como voluntaria e involuntaria, empero, esta distinción incurre en una generalidad que no permite identificar los rasgos centrales de este hecho económico 2 .

Es importante señalar que la declaratoria de quiebra de una empresa corresponde exclusivamente al juez competente para el efecto, luego de un proceso generalmente moroso, por lo que ninguna otra autoridad pública y menos el propio empresario, pueden determinar tal situación.

Desde la perspectiva laboral, la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino hasta el cumplimiento (pago) de todas las obligaciones contraídas con los trabajadores. En otras palabras, la relación laboral del trabajador con la empresa se mantiene hasta el último instante del proceso de liquidación de los bienes de la empresa y del patrimonio personal de los responsables de la quiebra.

En la legislación boliviana, el Código de Comercio determina que la quiebra se produce cuando el “comerciante” no habiendo hecho uso del “concurso preventivo” cesa “en el pago de sus obligaciones cualquiera sea la naturaleza de ellas” (Art. 1489), estableciendo varias restricciones y sanciones orientadas a que los acreedores sean honrados con el pago de las deudas contraídas.

En la quiebra, los derechos de los trabajadores tienen prelación

En Bolivia, la Ley General del Trabajo establece que “En caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil” (art. 14) 3 , vale decir que, los salarios adeudados y otros beneficios sociales de los trabajadores como la indemnización gozan de trato preferente y privilegiado con relación a los créditos de otros acreedores como bancos y proveedores en general.

En la doctrina del Derecho, la prelación es la primacía que se da a un comprador o acreedor sobre otro, dentro de la escala de preferencias reconocida legalmente con referencia a las obligaciones contraídas por los empresarios quebrados. Al tener la prelación, el trabajador se constituye en un “acreedor privilegiado” por cuanto en esta condición, “tiene preferencia sobre los demás acreedores para el cobro de su crédito (…) que puede recaer sobre todos los bienes (del empresario o empresarios y accionistas), sólo sobre inmuebles o sólo sobre muebles” (Osorio, 2009).

Lo establecido por la legislación laboral boliviana es concordante con lo determinado por los Códigos Civil y de Comercio. En efecto, el Código Civil, determina el siguiente orden de los privilegios generales de los acreedores sobre los bienes muebles o inmuebles de los quebrados: “1. Los gastos de justicia anticipados en interés común de los acreedores (…), 2. Los salarios correspondientes a la gente de servicio por el año vencido y lo devengado por el año en curso, así como a los trabajadores, cualquiera sea su denominación, vinculados al patrono por una relación de trabajo, por el año vencido y lo devengado por el año en curso; y los beneficios sociales y las retribuciones en los contratos de obra por el año vencido y lo devengado por el año en curso y 3. Los derechos de autor (…) por los últimos doce meses” (Art. 1345, inciso I). Algo muy importante para tomar en cuenta, estos privilegios no necesitan ser inscritos en el Registro de Derechos Reales ni en ninguna otra instancia para tener efecto legal a favor de los acreedores.

El Código de Comercio va más lejos con relación al lugar que ocupa la prelación de los créditos de los trabajadores al excluir del conjunto de juicios en tramitación acumulados junto al de la quiebra, “los de expropiación y los fundados en relaciones de familia y laborales que se encuentren en trámite” (art. 1591), los que deben ser atendidos previamente, debiendo el juez de trabajo en el caso laboral, proseguir hasta la subasta y remate de los bienes de la empresa quebrada “en virtud de la jurisdicción especial que asume, la autonomía de los procedimientos laborales y el carácter público de dichas normas” (Sandoval, 2006).

Esta norma es concluyente cuando establece que “Ni el concurso preventivo ni la quiebra afectarán los créditos de los trabajadores por sueldos y salarios devengados a la fecha del auto declaratorio, así como por prestaciones, indemnizaciones y demás beneficios sociales que les acuerda la legislación del trabajo, los que deberán ser atendidos prioritariamente, con el producto resultante de la explotación del negocio o de su liquidación” (Art. 1493).

A su vez, el Decreto Supremo Nº 1260 de 5 de julio de 1948 determina que los créditos que provengan de las indemnizaciones laborales que son inembargables, “gozarán de prelación en caso de liquidación o quiebra de la empresa o patrono obligado al pago de estos beneficios (Art. 10), destacando de esta manera, la figura de la prelación.

La jurisprudencia desplegada en el país (autos supremos y sentencias constitucionales), terminó de revalidar la prelación de los derechos de los trabajadores en diferentes casos de quiebra y cierre de empresas.

No está demás enfatizar que los derechos laborales, en los que se inscriben los generados por la quiebra de empresas, son irrenunciables, inviolables e imprescriptibles, tal como lo instituye la nueva Constitución Política del Estado y los convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano.

En la realidad, la situación es distinta

Como bien pueden testimoniar los trabajadores, todo este marco jurídico favorable a sus derechos en casos de quiebra y cierre de empresas, es en gran parte letra muerta debido a que los diferentes gobiernos de turno administradores de los intereses empresariales capitalistas, en particular en el período neoliberal, hicieron poco o nada para hacer cumplir la ley. Por su parte, las organizaciones sindicales tampoco incidieron en cambiar este panorama ya sea por desconocimiento de los derechos laborales en cuestión o por la debilidad que los caracterizó, principalmente en las últimas décadas. Como respuesta, tal como ocurrió en el sector textil, optaron por la toma de las fábricas y por constituir nuevas empresas administradas por ellos, cargando en algunos casos pesadas deudas ajenas y, donde los derechos generados por la quiebra quedaron en suspenso o simplemente desechados.

En los casos recientes de empresas en situación de quiebra, una línea aérea y otra exportadora de prendas de vestir, la prelación de los derechos de los trabajadores afectados no tiene el lugar y jerarquía que la legislación nacional le otorga. Así puede colegirse de los procesos de negociación que se llevan adelante que, en un caso, derivó en la creación de una nueva empresa estatal promovida por el gobierno actual desconociendo que primero está el pago de todos los adeudos de los trabajadores por parte del empresario quebrado (salarios devengados y beneficios sociales), siguiendo la prelación dictaminada por ley. Alrededor de 3.200 trabajadores en ambas empresas se encuentran movilizados en espera que sus derechos sean respetados.

¿Qué debe ocurrir para que la prelación de los derechos de los trabajadores en casos de quiebra y cierre de empresas, tenga el imperio otorgado por la legislación establecida por la propia sociedad capitalista? La respuesta la tienen los trabajadores del país, conscientes que estos derechos laborales y otros vigentes son sistemáticamente desconocidos y conculcados por las clases que tomaron el poder político hasta la actualidad.

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[1] Recogemos varias contribuciones del laboralista J. L. Campero, expositor invitado a este evento.

[2] El Código de Comercio boliviano reconoce tres tipos de quiebra: fortuita, culpable y fraudulenta, caracterizando a cada una de estas y las razones que las provocan.
[3] Artículo modificado por el Decreto Supremo 3642 del 11 de febrero de 1954.