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A un año de la masacre en la alcaldía de El Alto

 15 de febrero de 2017

A un año de la quema de la alcaldía de El Alto en la que fallecieron seis funcionarios, no hay ningun sentenciado y el nombre del entonces viceministro Marcelo Elio que fue por varios medios acusado de estar involucrado no figura en la lista de investigados. Revise varios registros y análisis de lo ocurrido aquel fatídico 17 de febrero de 2016.


 Tras un año del ataque a la Alcaldía hay 14 acusados, 2 juicios y ningún sentenciado

La comuna denuncia retardación y falta de objetividad del Ministerio Público por esclarecer los hechos que enlutaron a la urbe alteña. Familiares de las víctimas claman por justicia, que aún no llega.

Página Siete, 13 de febrero de 2017

quemaalcaldiaaltoEl viernes se cumple un año de la quema de la Alcaldía alteña que dejó seis fallecidos y aún permanece impune. El mes pasado, la Fiscalía presentó la acusación formal por homicidio y otros delitos contra 14 personas. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto denuncia la exclusión del caso del exviceministro Marcelo Elío y autoridades policiales que no prestaron auxilio oportuno, y alista otro proceso. "Desconfiamos del Ministerio Público”, dicen los ediles, mientras las familias de las víctimas claman por justicia, que no llega.

"Durante todo este año el Ministerio Público ha actuado de manera poco objetiva. Hubo dirigentes identificados que no fueron convocados a declarar; se excluyó a los responsables de prestar ayuda que no lo hicieron; se hizo desaparecer videos; nunca nos dieron los resultados de la investigación que solicitamos”, asegura la directora jurídica de la Alcaldía alteña, Sonia Vallejos.

El proceso, que técnicamente empezó el mismo día de la tragedia, ha avanzado lentamente y tuvo que haber la conminatoria de un juez para que la Fiscalía presente la acusación formal. "Vimos intención de reforzar la versión de que fue un autoatentado, como dijo el viceministro Elío inmediatamente después del hecho, y de proteger a gente implicada que es afín al partido de gobierno. Indignados, asumimos que tenemos a todo el aparato estatal en contra”, añade Vallejos.

El miércoles 17 de febrero de 2016, una masiva marcha de padres de familia que exigía mejoras en las escuelas derivó en el asalto y la quema de la Alcaldía, que estaba repleta de funcionarios y ciudadanos que hacían trámites. Ante la ausencia de la Policía, pese a los recurrentes pedidos de auxilio, la turba ingresó al inmueble y prendió fuego.

Las llamas se expandieron rápidamente por el inmueble causando pánico. "Era un infierno. La gente, asustada, huía a los pisos superiores y tratando de evitar a los asaltantes y al fuego pero el aire escaseaba. Muchos llamaban a sus familiares y se despedían. Yo pensé que iba a morir”.

La directora edil jurídica aún llora cuando revive aquel día. Había sido convocada al edificio central de la comuna con la misión de negociar con los manifestantes.

Allí ya había llegado la marcha, a la que sumaban también afiliados a la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales. Al encontrar las puertas cerradas, los manifestantes rompieron las cerraduras a golpes con adoquines. Entraron a la Unidad de Sumariante y saquearon documentos -entre ellos procesos administrativos-, muebles y computadoras que usaron como leña.

"Claro que pedimos ayuda a la Policía, decenas de veces. Con llamadas telefónicas primero, después mediante abogados que se apersonaron al Comando y finalmente mediante un requerimiento escrito… pero nunca llegó. Hubiese bastado que los efectivos intervengan con agentes químicos para impedir las muertes”, lamenta Vallejos y por eso, para ella, es incomprensible que no se incluya entre los acusados al entonces comandante regional de la Polícia, Juan José Peña.

A las 11:00 del fatídico 17 de febrero de 2016, la Alcaldía de El Alto ardía con decenas de personas dentro. Ayudadas sólo por un bombero y una guardia edil, llegaban como podían hasta la terraza donde, milagrosamente, llegó la grúa que los obreros de la empresa Las Lomas Ltda. habían improvisado ante la emergencia. En esa plataforma salvaron a al menos un centenar de personas. "Fueron héroes”.

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A las 13:00 llegaron los Bomberos, finalmente, y aplacaron el fuego. Entre el miedo y la confusión, se confirmó la muerte por asfixia de seis funcionarios municipales: Juan Laura, Javier Mollericona, Ana María Apaza, José Rodrigo Ortiz, Rosmery Mamani y Gloria Magaly Calle.

Inmediatamente el entonces viceministro de Régimen Interior califica el ataque como "un autoatentado de la Alcaldía alteña”, cuando faltaban cuatro días del referendo para la habilitación de Evo Morales para un nuevo mandato. "Hay testimonios de que Elío rondaba ese día desde las 8:00 por la Alcaldía, pero nunca declaró ni se lo incluyó en el caso”, reitera Vallejos.

El dolor dio paso a la indignación en El Alto. La alcaldesa Soledad Chapetón acusó a funcionarios de la pasada gestión y al dirigente gremial Braulio Rocha de encabezar el asalto.
Rocha había amenazado públicamente a la burgomaestre: "Voy a ser tu peor pesadilla”, le dijo a la Sole después de que la comuna eliminara el pago de patentes a la federación de comerciantes.

En los siguientes meses, se detuvo a una veintena de personas, entre dirigentes vecinales y funcionarios . "Al director de Talento Humano, Marcelo Plata, y al director de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, los apresaron pese a que ellos fueron víctimas del ataque; ahora aunque pudieron volver a trabajar están acusados”, reclama la abogada edil.

El 22 de abril pasado, la Fiscalía informó que habían sido eliminados los videos de las cámaras de seguridad que grabaron el fatídico ataque. Añadió que el IDIF carecía de los medios técnicos para recuperar las imágenes.

El municipio alteño aseguró que el aparato de registro de imágenes no fue manipulado antes de ser entregado para su investigación y ofreció un peritaje "al que no dieron respuesta”.

Desde febrero hasta septiembre, el edificio quemado se mantuvo precintado. "Tuvimos que presentar un amparo constitucional para que se desprecinten los predios que irracionalmente se empeñaban en mantener cerrados meses , pese a que ya se había hecho las pericias. Allí funcionaba Finanzas, Licitaciones, Sumariante y otras oficinas vitales para la gestión”, reclama Vallejos.

El 17 de enero, ante la conminatoria de la jueza séptimo de Instrucción en lo Penal, Ana Dorado, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 14 personas por la quema de la Alcaldía de El Alto.

La acusación comprende los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir y comisión por omisión contra: Víctor Hugo Tola Herrera, Miguel Ángel Cachi Alave, Álvaro Kevin Calvimonte Huaynoca, Braulio Rocha Tapia, Fausto Loza Mamani, Wilmer Guido Sarzuri Apaza, Nelson Sergio Churqui Rojas, Daniel Nina, Hipólito Titi Cutili, Juan Flavio Altamirano Aruquipa, Teodoro Choquehueanca Quispe, Dorian Ulloa, Marcelo Gabriel Plata y Rodrigo Vélez.

Vallejo reclama que en la acusación formal la Alcaldía figure como denunciante y no como víctima del hecho. "Vamos a impugnar los memoriales del sobreseimiento en favor de Elío y Peña, y la próxima semana iniciaremos otro proceso como víctimas”, anunció la abogada.

"No estábamos preparados para un hecho de esta naturaleza, hay que reforzar mecanismos de diálogo y seguridad”, esa es la amarga lección, resume Vallejo. Y añade: "Lo que queda en la población de El Alto es un profundo dolor y la fortaleza para luchar porque se haga justicia”.

Fiscal: Elío no mató a nadie, por eso no está acusado

"Quieren que se procese al exviceministro (de Régimen Interior) Marcelo Elío por el delito de homicidio, pero no corresponde porque no mató a nadie”, señaló el fiscal Paúl Miranda ante los reclamos por la exclusión de la exautoridad en la acusación por el ataque fatal a la Alcaldía alteña.

Miranda, que forma parte de una comisión que investiga el caso, argumentó que la Dirección Jurídica del municipio alteño amplió una querella en contra de Elío por el delito de homicidio y no por otros cargos.

Sobre el caso del excomandante regional de la Policía Juan José Peña, explicó que se presentaron dos procesos en su contra. Uno de ellos fue rechazado porque no se encontraron indicios de culpabilidad y "como no hay indicios de la primera, corresponde rechazar la segunda. Ese es el procedimiento”, sostuvo.

quema alto2Cuando se conoció el tenor de la acusación de la Fiscalía, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, expresó su indignación por la exclusión del exviceministro Elío y del excomandante José Peña Fuentes, a quienes sindican de incumplimiento de funciones.

"Nos indigna el trabajo de la Fiscalía, lo excluyen a Marcelo Elío, que es uno de los responsables con todos los antecedentes que se pueden evidenciar”, expresó entonces la alcaldesa.

Reclamó que el excomandante Peña no figure entre los acusados, pese a las pruebas que presentó la Alcaldía de que la autoridad policial no atendió los múltiples pedidos de auxilio durante el ataque. Tanto Peña como Elío fueron removidos de sus cargos tras el hecho.

Ley propone renta vitalicia para familiares de víctimas

La declaratoria de Mártires de El Alto que el Concejo Municipal de El Alto confirió a los seis funcionarios que fallecieron en el ataque a la Alcaldía no alcanza para brindar apoyo económico a sus hu érfanos. Los familiares piden una renta similar y esperan que la Asamblea Legislativa analice la norma.

El 17 de febrero de 2016, seis funcionarios ediles salieron de sus hogares sin sospechar que nunca más volverían. Ese día Juan Laura, Javier Mollericona, Ana María Apaza, José Rodrígo Ortiz, Rosmery Mamani y Gloria Magaly Calle fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el incendio de la Alcaldía.

Después de su sentido entierro, el Concejo Municipal declaró a estas personas Mártires de El Alto y mediante ordenanza instruyó a la comuna que brinde fuentes laborales a los deudos.

"Eso se ha cumplido. Se ha beneficiado a los dependientes cercanos, a quienes ellos vean conveniente, para que no tengan un hueco en lo financiero”, informó a un año de la desaparición la directora jurídica municipal de El Alto, Sonia Vallejo. "Además se ha ayudado a los familiares en el trámite de AFP, que significa una indemnización por el tiempo de trabajo de cada funcionario”, añadió.

La Alcaldía también ha presentado una solicitud para la indemnización de los familiares de las víctimas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Al no contar con normativa expresa que nos autorice una indemnización, estamos realizando la solicitud ante la Asamblea para que autorice al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto” a indemnizar a estas personas a un nivel igual o superior al previsto para las víctimas de Octubre Negro del 2003”, aseguró la abogada edil.

El Ministerio de Hacienda y la comisión de asambleístas que analiza el proyecto de ley han presentado observaciones. "Seguimos en esa instancia y en la jurídica para que se haga justicia en honor a los muertos y sus familias”, dijo.

Audiencia definirá situación legal de Rocha esta semana

Esta semana se llevará a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de Braulio Rocha, que está detenido hace un año por el ataque a la Alcaldía de El Alto. Según su defensa sufre una enfermedad terminal y pesa sobre él un cargo menor. La Alcaldía alteña anuncia que recusará.

El 19 de febrero de 2016, la jueza séptima de Instrucción en lo Penal, Ana Dorado, determinó la detención preventiva del máximo dirigente gremial de El Alto Braulio Rocha y del excandidato a concejal del MAS Wilmer Guido Sarzuri.

Tras el fatal ataque a la Alcaldía, la alcaldesa Soledad Chapetón había apuntado a exfuncionarios del MAS "y a la familia de Braulio Rocha, que han llegado de manera dolosa a la oficina sumariante, cuando sabían que la próxima semana sale el resultado de los 120 ítems fantasma y han prendido fuego”.

En abril de 2015, Rocha amenazó a la Sole: "Voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida”.

Según la comuna fue el autor intelectual de la quema. "Además, durante los primeros meses de la gestión el señor Rocha estuvo presente en todas las movilizaciones contra la Alcaldía; incluso marchó con los trabajadores de Trebol”, recordó la directora jurídica edil, Sonia Vallejo.

"El señor Braulio Rocha no tiene por qué seguir preso, es atentatorio a sus derechos”, informó el abogado del dirigente gremial, Jorge Borda. Añadió que Rocha sufre una enfermedad terminal. "Tiene diabetes y precisa inyecciones de insulina dos veces al día, su vida corre peligro”, aseguró.

La defensa de Rocha logró que pese sobre él sólo el cargo de instigación pública a delinquir en la acusación de la Fiscalía. "Ese delito tiene un máximo de dos años, no merece cárcel”, dijo el abogado y anunció que tras dos suspensiones esta semana se llevará a cabo la audiencia de libertad.

La Alcaldía recusará: "Rocha es el autor intelectual del ataque, hay pruebas de su culpabilidad”, dijo Vallejos.


 

Cabildeo: "Marcelo Elío responsable de la masacre en El Alto"

El 19 de febrero la periodista Amalia Pando realizó un programa especial de "Cabildeo" sobre los incidentes ocurridos en la quema de El Alto el 17 de febrero de 2016. En su programa describe detalladamente los hechos y apunta a responsables. 

Video: Marcelo Elío - supuesto 'autoatentado'

El revelador video en el que supuestamente se ve al Viceministrio Marcelo Elio planificando el discurso hacia los medios en coordinación con un comandante de la policía.

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Libro: Poder y masacre de El Alto. La Mafia sindical alteña

libro mancilla600Presentación de Manuel Morales Alvarez

Escribir sobre la ciudad de El Alto, siempre ha sido un reto, por los cambios vertiginosos que se da en esta ciudad, especialmente en su componente humano, venido de otras regiones del país. Sin embargo, con el tiempo, también se tiene una población alteña que con sus luchas hizo historia en nuestro país. Las narrativas sobre esta ciudad se enfocaron en los procesos migratorios, en el crecimiento urbano, luego, en su colosal feria 16 de julio, su Universidad (UPEA), sus barrios, la presencia de varias industrias y artesanías, con el crecimiento de un sector laboral productivo importante. Empero, hoy, el tema que aborda A. D. Mancilla se refiere a un aspecto no muy grato, pues él nos escribe acerca de los TEGIDOS DEL PODER Y MASACRE EN EL ALTO, en una clara alusión a la “Mafia Sindical Alteña”. Para ello, le dedica tiempo y espacio a la descripción de los grupos de poder que se han instaurado en esta ciudad y que, amparados en el poder corporativo y político, han generado una verdadera red de poder para controlar política, económica y coercitivamente la Alcaldía y una serie de instituciones.

Que estos grupos corporativos, élites sindicales, hubieran ejercido sus afanes de poder al servicio del pueblo, creo que no habría problema, pero su accionar fue una impostura, un actuar camuflado con discurso social, popular, de militancia para un supuesto proceso de cambio, pero que en realidad fue el aprovechamiento de la fuerza de las organizaciones sociales para el enriquecimiento ilícito, individual y de grupo; fue, en fin de cuentas, para ponerse al servicio de un partido político en función de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) empeñado en ejercer un poder perpetuo (así ellos lo han pretendido) para beneficiar a los componentes de una nueva élite o casta política.

En ese contexto, las formas de hacer política recientes en la ciudad de El Alto, han deslegitimado la lucha anterior, que nos hizo sentir orgullosos de ser alteños, de estar “siempre de pie y nunca de rodillas”, de ser la vanguardia de una Guerra del Gas que echó el gobierno a los neoliberales privatizadores.

Y ahí tenemos la progresión de hechos y actos, que son tan generalmente descritos por el autor de este libro. Sin embargo, queda como telón de fondo un aspecto que me parece interesante reflexionar. La muerte de seis funcionarios públicos y personas que se encontraban dentro de las oficinas de la Alcaldía alteña que fue quemada, denominada “Masacre en El Alto”, se inscribe dentro de una “operación” destinada a defenestrar a las nuevas autoridades (no masistas), tapar actos de corrupción de la anterior gestión y de los actos comprometedores de dirigencias en la utilización de bienes y recursos públicos. En esto quiero detenerme, porque la operación de las que les hablo, difícilmente pudiera haberse realizado sin la complicidad de estructuras del Estado Plurinacional, concretamente de la Policía boliviana y de las autoridades de nivel de decisión del Ministerio de Gobierno.
Hubo una planificación, días previos al Referéndum del 21 de Febrero, donde se definiría la re postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, para dar un golpe de mano, un golpe de calle (como diría acertadamente Félix Encinas, militante insurgente y del PT), lograr desbaratar a la nueva gestión edil y revertir la mala votación que el oficialismo sabía se venía.
Este tipo de operaciones huele a las ya realizadas por el Gobierno, como son en el Porvenir en Pando, el Hotel Las Américas en Santa Cruz, las acciones contra la Octava Marcha en defensa del Tipnis, donde el gobierno mueve toda su capacidad represiva, mediática y logística, destinada a obtener réditos políticos, aun por encima de la vida de las personas. A la réplica de las operaciones anteriores huele el incendio en las oficinas de la Alcaldía de El Alto.
Si esta operación fue realizada bajo la supervisión directa de Marcelo Elío, funcionario del Ministerio de Gobierno, con experiencia en Golpes Institucionales, como la destitución y procesamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional de tres Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (uno de ellos el Tata Gualberto Kusi), es de seguro que la cúpula gobernante palaciega estaba enterada de dichos afanes y que su planificación fue resuelta a un máximo nivel, por los resultados y efectos políticos deseados.
Al final, hubo seis muertos, una Alcaldía quemada y una votación favorable al MAS en la ciudad de El Alto, pero no por efecto de esta masacre, porque la gente no tuvo el tiempo de digerir los mensajes que los mismo golpistas de calle lanzaban: “fue auto atentado” decía el mismo Elío. El tiempo fue muy corto y si bien el país votó en contra de la re re re postulación, una parte importante de El Alto votó aún muy conservadoramente, siendo este un tema de análisis separado.
Ahora bien, esta masacre no quedará en el olvido y su resolución, no sólo judicial, sino política se irá definiendo en el tiempo. De todas formas, queda este hermoso libro como un importante testimonio y registro de lo sucedido y que nos ayuda a reconfigurar lo que es y lo que sucede en la ciudad de El Alto.


MANUEL MORALES ÁLVAREZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Reporte de ANB del incendio

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