"MALVERSACIÓN FINANCIERA": 5% del Fondo de Pensiones para los patrones

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LOS HECHOS

El día 16 de enero, el presidente Morales acompañado de los ministros de Economía, Luis Arce; de Defensa, Reymi Ferreira, y de Autonomías, Hugo Siles, se reunió con las instituciones del sector productivo como Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

El Gobierno nacional resolvió disponer el 5%, equivalente a 150 millones de dólares, del Fondo de Pensiones, donde se encuentran los ahorros de los trabajadores para las jubilaciones, en calidad de créditos para los agroindustriales del país. 

Acordaron que los recursos económicos están destinados a inversiones para garantizar la ampliación de la frontera agrícola, a 7% para inversiones y a 9% para gastos de operación. Morales explicó que el acuerdo también establece que el plazo de devolución del crédito es de 10 años y comprometió que la dotación de los créditos se procesará a través de decretos supremos.

 "Felizmente hemos llegado a acuerdos. Se va a disponer del 5% de las pensiones para la creación de un fondo de inversión, viene a ser como  150 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán destinados a crédito” (Presidente Evo Morales)

  • "La ley señala que las administradoras pueden invertir hasta el 5% de los fondos de pensiones en micro y pequeñas empresas, además, hemos visto que las inversiones de las AFP están llegando al 50% en el sector financiero bancario, y ése es su tope, esta disposición   diversificará inversiones”. (viceministro de Pensiones, Mario Guillén)
  • “La ley es muy clara, establece que el sistema de pensiones puede invertir hasta el 5% en proyectos productivos que apoyen la micro, mediana y pequeña empresa y ahí estamos hablando el 5% es de 708,6 millones de dólares, es decir las AFP podrían invertir hasta 700 millones de dólares en fondos no calificados para apoyar a las MyPES. ¿Cuánto estamos llevando a ese fondo? 150 millones, es decir el 1%” (Ministro de Finanzas, Luis Arce)

 

Conozca las primeras reacciones que a toda luz expresan  que se trata de un "abuso" y una "malversación financiera".


LA CENTRAL OBRERA Y JUBILADOS: Rechazan que Gobierno use dinero de las AFP para favorecer a agropecuarios

 

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia rechazaron este martes el anuncio del Gobierno que pretende disponer el 5% de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para conformar un fondo de inversión de $us 150 millones para otorgar créditos a pequeños y medianos productores agrícolas.

Ambos sectores analizarán el jueves, en un ampliado, la pretensión del Gobierno. No descartan ir a movilizaciones.

El ejecutivo de la COB, Guido Mitma, calificó el anunció del presidente Evo Morales como “indignante” y señaló que el Gobierno no puede usar el dinero de los aportes de trabajadores y jubilados para favorecer a un sector, ya que estos pondrían en riesgo las jubilaciones.

Dijo que el jueves todos los afiliados al ente sindical se reunirán en Sucre para analizar ese anuncio y no descartó ir a movilizaciones en defensa de los recursos de los trabajadores.

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ANALISIS:

El gobierno consolida su apoyo al agronegocio con el dinero de las jubilaciones

Miguel Angel Crespo - PROBIOMA

La decisión del gobierno de destinar arbitrariamente el 5% de los fondos de las AFPs – que en moneda significa 150 millones de dólares – para dar créditos a los productores agropecuarios, no hace sino confirmar la subordinación del MAS a los intereses del agronegocio, que se fundamenta en la producción de cultivos destinados a la exportación, en detrimento de la seguridad y soberanía alimentaria.

Los 150 millones de dólares se destinaran a créditos para los pequeños y medianos productores que tienen entre 30 a 200 hectareas. Éstos deberán contar con un contrato de venta de su grano a una empresa agroindustrial que actuara como agente de retención del pago del préstamo. Así, se consolidará la dependencia de los pequeños y medianos productores a la agroindustria, se subvencionará a dicho sector y se debilitará - aún más - la seguridad y soberanía alimentaria.

evoyagrosLa agroindustria procesa grano destinado fundamentalmente a la exportación, como es el caso de la soya, girasol, caña (etanol), sorgo, chia, sésamo y maíz. En este sentido, todos los aportantes a las AFPs estarán subvencionando a un sector que no aporta a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Porque no es de su interés la producción de hortalizas, frutas, tubérculos, cereales, etc. , que son parte fundamental de la dieta de los bolivianos. La producción de éstos ha sufrido un descenso en los últimos 10 años debido a que en la estructura productiva se ha priorizado más el apoyo a cultivos destinados fundamentalmente a la exportación (en un 70%). Por ello Bolivia importa más de 150 alimentos que antes producía, para satisfacer el mercado interno,.

Esta decisión del gobierno, además llevara a la ampliación de la frontera agrícola – ganadera, en detrimento de extensas áreas de bosques que ahora serán habilitadas (taladas), para la siembra de cultivos destinados al agronegocio (exportación).

Lo más grave es que este fondo será para inversión productiva y para gastos de operación, con lo que se impulsara el uso de agrotoxicos , semillas transgenicas, herbicidas, etc. Es decir que el gobierno terminará por sepultar el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, promoverá una mayor deforestación, incrementará la contaminación de fuentes de agua y suelos, agudizará el cambio climático y, en definitiva, afectará también a la salud de los bolivianos.

Más allá de si los productores pagarán o no dicha deuda – lo que es muy discutible– lo más preocupante de esta decisión, es que se destinaran los fondos del ahorro de miles de trabajadores aportantes, para subvencionar a las transnacionales y a la agroindustria de la exportación, en detrimento de los recursos naturales y de la alimentación de los bolivianos.

No se trata de que dicho fondo sea solo el 5% (o el 3% o el 1%) de los recursos de las AFPs - por lo tanto de todos los bolivianos - sino que por respeto a todos los trabajadores que han aportado y aportan mensualmente a las AFPs, no se debe destinar ni un solo centavo para financiar a sectores que están destruyendo la seguridad y soberanía alimentaria, con la complacencia del gobierno.

Por otro lado, esta decisión refleja el carácter del gobierno, que pretende salvar a un sector endeudado (por más de 300 millones de dólares) con las casas comerciales proveedoras de semillas y agrotóxicos. Sin perder de vista que éste sector es uno de los causantes de la crisis socioambiental del agua, por la deforestacion salvaje de más de 5 millones de hectáreas de bosques, so pretexto de ampliar frontera agrícola para la producción de alimentos.

Este es un ejemplo claro que demuestra que el gobierno ha archivado hace tiempo el derecho a la alimentación y al agua, que debería ser la base de sus acciones.


Fondo de pensiones al rescate de agroempresarios endeudados

Gonzalo Colque - Fundación Tierra

El uso del fondo de jubilación de los trabajadores para préstamos agropecuarios aparenta ser una decisión lógica de cualquier inversionista pero en realidad oculta la complicada situación de los prestamistas: empresarios agropecuarios endeudados con las casas comerciales y proveedores de insumos agrícolas por más de 315 millones de dólares.

El gobierno nacional destinará 150 millones de dólares del fondo de jubilación de los trabajadores, en calidad de préstamos blandos, a favor de los productores agropecuarios del oriente. Las autoridades justificaron la decisión con una lista larga de supuestas ventajas. Los principales beneficiarios del crédito serían los pequeños y medianos productores, garantizaría la seguridad alimentaria de los bolivianos y, según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, sería una oportunidad de inversión de alta rentabilidad para las administradoras de los fondos de pensiones. En resumen, una medida inteligente, favorable y lucrativa para todos.

Sin embargo, lo que aparenta ser una decisión lógica de un inversionista con sentido social, en realidad oculta la complicada situación de los prestamistas: empresarios agropecuarios endeudados con las casas comerciales y proveedores de insumos agrícolas por más de 315 millones de dólares. Esta deuda es consecuencia tanto de la sequía que afectó la cosecha de invierno del 2016 como del desplome global de los precios de las materias primas agrícolas desde el 2013.

evocaincoEn agosto del año pasado, la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA), enviaron una carta abierta al Presidente Evo Morales señalando que la mora del sector agropecuario ascendía a 474 millones de dólares. Preocupados, pidieron la creación de un fondo especial de reactivación económica para que los agropecuarios honren sus deudas con las casas comerciales. En respuesta a similares demandas de los productores, el gobierno aprobó el 2 de agosto de 2016 el Decreto Supremo 2858 para autorizar la reprogramación de deudas con el sistema financiero pero esta medida fue inútil. El propio presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Rodas, se encargó de aclarar que en realidad el 97% de las deudas de los agropecuarios no era con las entidades financieras privadas sino con los proveedores de insumos agrícolas, maquinarias, pesticidas y semillas.

Antes de echar mano al fondo de pensiones, el gobierno y los agroempresarios barajaron diferentes opciones de salvataje. El pedido empresarial de reprogramación de la deuda con casas comerciales fue rechazado por el gobierno nacional y calificado de inviable debido a que este tipo de créditos comerciales están fuera del alcance de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el ente regulador del sistema financiero. El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) también desestimó refinanciar la deuda agropecuaria. Por su parte las casas comerciales interesadas en proteger sus intereses, sugirieron la creación de un fondo para la compra de deudas agroempresariales con bajos intereses y a largo plazo.

¿Por qué la banca privada no se interesa en el negocio agropecuario? Si fuera cierto que el agro ofrece una oportunidad de oro de alta rentabilidad; es de esperar que los bancos financien generosamente al sector, flexibilizando requisitos para préstamos y comprando las deudas de las casas comerciales. Sin embargo esto no sucedió porque a fin de cuentas los banqueros saben cómo y dónde lucrar. Usualmente se dice que los créditos para el agro son de alto riesgo, algo muy cierto, pero es igualmente cierto que el agronegocio es una actividad económica altamente especulativa, opera con bajo perfil público y reporta oficialmente utilidades muy bajas.

Para ilustrar lo dicho comparemos “YPFB Refinación” con las principales empresas del agronegocio (agroindustria y productores primarios) establecidas en Santa Cruz. El 2015, mientras el gigante estatal reportó 8,6 mil millones de bolivianos en ingresos y una utilidad neta de 504 millones de bolivianos; nueve empresas del agronegocio movieron juntos ingresos de similar tamaño (8 mil millones de bolivianos) pero la utilidad neta apenas alcanzó 51,7 millones de bolivianos. En otras palabras, la rentabilidad económica de la empresa estatal es casi diez veces mayor con respecto al grupo agroempresarial. La baja rentabilidad económica en realidad se explica por las prácticas ocultas de expatriación de la mayor parte de las ganancias por parte de las compañías transnacionales.

Otras supuestas ventajas de financiar a los agroempresarios endeudados con aportes de los trabajadores no soportan una mínima evaluación. Se dice que el ‘crédito blando’ será destinado para los pequeños y medianos productores, sin embargo, los mayores endeudados que necesitan el rescate son los grandes. En el caso de las deudas contraídas con empresas afiliadas a APIA y APRISA, solo 30 por ciento productores concentrarían el 60 por ciento de los montos adeudados. Es decir, más de la mitad de la deuda está en muy pocas manos y la otra mitad está desperdigada entre miles y miles de productores, incluyendo a los 12 mil afiliados a la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO). Los datos de tenencia de la tierra reafirman que en la “zona de expansión agroindustrial” más del 60 por ciento de las tierras saneadas pertenecen a propietarios que en promedio poseen legalmente más 325 hectáreas por cabeza. Este grupo dominante espera el salvataje. En simple, los mayores beneficiarios serán los grandes productores endeudados y, por supuesto, las casas comerciales.

Es aún más fácil descartar la idea de que los ahorros de los trabajadores serán utilizados para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos. Basta con decir que es bien conocido que la mayor parte de las tierras cultivadas se destinan a la producción de materias primas agrícolas de exportación, principalmente soya para la industria agroalimentaria de los países desarrollados y economías emergentes.

Una parte de los fondos de jubilación de los trabajadores está a punto de ser tomada por el poder político y económico sin mayor trámite para refinanciar directa o indirectamente la deuda agroempresarial de alto riesgo. No es una decisión técnica ni financiera, sino una medida política negociada durante varios meses entre el gobierno central y los empresarios cruceños para intentar rescatar a los productores primarios en crisis. Otorgar créditos ágiles a productores agropecuarios endeudados es la crónica de una condonación anunciada.


* El autor es Director de la Fundación TIERRA.


¿Por qué preocupa que el gobierno de Evo preste el dinero de las jubilaciones al agro?

Andrés Gómez Vela

Apenas el presidente Evo Morales terminó de anunciar la decisión de su gobierno de disponer el 5% del dinero del Fondo de Jubilaciones para otorgar créditos al sector agroindustrial del país, se escucharon voces de sorpresa y preocupación de aportantes a las administradoras de los fondos de pensiones (AFP). Rimay Pampa recurrió a un experto para verificar si la aflicción social tiene fundamento.

El vocal del Tribunal de Justicia de La Paz y experto en materia de Seguridad Social, Iván Campero, aceptó hablar con este medio y apenas comenzó el diálogo se declaró también preocupado, y enmarcó su análisis en dos ámbitos: el jurídico y el económico.

Ámbito jurídico

Desde la mirada legal dijo que el gobierno debe cumplir el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 141 y 142 de la Ley de Pensiones.

abecorEl artículo 45.II. de la Constitución establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social. El 45.IV agrega: “el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. Según Campero, este artículo obliga al gobierno a precautelar el retorno seguro y la sostenibilidad de la inversión del dinero de los trabajadores.

El Convenio 102 de la OIT, que fue aprobado por la ONU en 1955, estipula las reglas mínimas de la seguridad social, entre ellas el derecho a una jubilación. El Vocal recordó que el artículo 410.II. de la Constitución contempla esa norma internacional en el bloque de constitucionalidad, por tanto debe ser cumplida.

Para cerrar su análisis jurídico, Campero citó dos artículos de la Ley de Pensiones vigente, el 141 y 142.

ARTÍCULO 141.- (POLÍTICAS DE INVERSIÓN). La Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo definirá políticas de inversión para cada Fondo Administrado en el marco de los límites de inversión previstos en la presente Ley y sus reglamentos.

ARTÍCULO 142.- (LIMITES DE INVERSIÓN). Las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional efectuadas por la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, límites por calificación de riesgo y otros de acuerdo a reglamento.

Como podrán ver, “la Ley establece límites por calificación de riesgo. Y lo primero que surge son los límites de inversión: ¿quién va a emitir esa inversión? ¿Cuáles son límites de calificación de riesgo?”, subrayó Campero.

Dicho de otro modo, el gobierno debe hacer un estudio previo a través de la entidad gestora o del propio gobierno para determinar si vale la pena otorgar créditos al sector agroindustrial, asegurar ganancias y garantizar la sostenibilidad.

“En las inversiones en materia de seguridad social no solo pesa el interés (7%, 8 o 10%), puede ser alto, está bien; (lo que) tenemos que ver es la capacidad de pago y sostenibilidad de esa inversión para lograr el retorno”, indicó y formuló algunas preguntas: ¿Quién garantiza el retorno? ¿El Estado? ¿Será el Estado un tercero garante de un privado o el privado se va a garantizar así mismo?

Con el fin de precisar conceptos, Campero señaló que se trata de un acto jurídico público de recursos sociales y no de un acto jurídico bancario comercial, “por lo que amerita un estudio pormenorizado de la garantía de la inversión y que el retorno sea sostenible”.

Ámbito económico

Para opinar desde la perspectiva económica, Campero se basó en el artículo 144 de la Ley de Pensiones, que establece: “Los Valores o Instrumentos financieros objeto de inversión por el Fondo de Ahorro Previsional, a excepción de los señalados en el Parágrafo II, inciso c) del Artículo referido a la Administración del Portafolio de Inversiones de la presente Ley, deben contar con calificación de riesgo de acuerdo a lo determinado por la Ley del Mercado de Valores y sus reglamento”.

Entonces, “lo primero que se debe definir es: ¿se va a convertir en inversión o en valores? Una cosa es invertir el fondo previsional en el tema de vejez y otra cosa son los otros fondos que tienen que ver por ejemplo con el riesgo común”, puntualizó.

Campero sugirió al gobierno de Morales analizar desde los escenarios jurídico y económico antes de otorgar los créditos anunciados a un sector como el agrícola.

En su criterio, el estudio previo, que es obligatorio, debe considerar el carácter del sector al que se está otorgando el crédito. “No solo se deben tomar en cuenta los fenómenos climatológicos, también la economía porque es volátil y el uso de la tecnología y otros factores”, añadió.

Tras insistir que está de acuerdo en la inversión, alertó: ¿imagínese por una situación climatológica, no siempre por la decisión de los prestatarios de no cubrir la obligación, sino por una causa externa pueda darse una contingencia que imposibilite el pago, ¿qué va a ocurrir con las personas que van a tener que acogerse a la jubilación? ¿Otra vez el estado va a resultar garante? ¿Va a ser suficiente?”.


"Crédito blando" para agroempresarios, jubilación miserable para trabajadores

Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres

jubilados
No importa si el gobierno recurre al discurso de “garantizar la soberanía alimentaria”, de “fortalecer el agro” o cualquier otra muletilla, lo evidente es que la decisión de utilizar 150 millones de dólares del Fondo de Pensiones para otorgar créditos a los agropecuarios del oriente es una subvención encubierta al sector.

En efecto, otorgarles créditos a tasas de interés rebajadas —aparte del diésel subsidiado, la devolución de impuestos a quienes exportan, el uso de la infraestructura vial a precios bajos, etc.— es una ayuda más que recibirá el sector. Una ayuda que, a pesar de los recaudos que han dicho que se tomaran, conlleva un alto riesgo para el Fondo de Pensiones, pues, el sector agropecuario del oriente no es el de mejor comportamiento crediticio del país.

Sin embargo, concediéndoles el beneficio de la duda, asumamos que los créditos a otorgarse con el dinero de los trabajadores serán bien utilizados y pagados religiosamente por los asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), es decir, la mora va a ser muy pequeña y no va a existir cartera irrecuperable. Suponiendo estas condiciones extraordinarias: ¿vale la pena que el gobierno disponga los recursos del Fondo de Pensiones a favor del sector agropecuario?, dicho de otra manera ¿es conveniente, para los trabajadores, que sus aportes sean utilizados de esta manera?

La respuesta es un rotundo NO

De acuerdo al modelo matemático financiero-actuarial que utiliza el sistema de pensiones, para que un asegurado de 60 años, sin derechohabientes, reciba un monto de pensión equivalente al 60% de su último salario cotizable, es necesario que haya aportado durante 35 años y que esos aportes reciban una rentabilidad real mínima del 10%. Si la rentabilidad es menor, por supuesto, los montos de pensión también serán menores.

El gobierno está proponiendo utilizar los aportes de los trabajadores para otorgar créditos a 10 años plazo a tasas de interés del 7% y 9%; cabe aclarar que estás son las tasas nominales a las cuales debe descontarse la inflación para obtener las tasa reales.

Si tomamos en cuenta que el promedio de inflación de los últimos cinco años ha sido 4,63% y de los últimos 10 años ha sido del 6,11% y, suponiendo que esos rangos se repitan los próximos años, las descontamos a las tasas propuestas por el gobierno, tenemos que las operaciones que se realicen con los dineros de los trabajadores obtendrán una rentabilidad real que oscilará entre 1% y 4%. Rangos claramente alejados de la tasa mínima de rentabilidad para obtener un monto de pensión adecuado.

La rentabilidad del Fondo de Pensiones ha estado por debajo del mínimo necesario los últimos 10 años (ver Gráfico); la determinación del gobierno no viene a cambiar esa situación sino a empeorarla, pues, compromete tasas de interés reducidas para los próximos 10 años; justo cuando las principales tendencias económicas apuntan a que las tasas de interés y la rentabilidad de los fondos —que ya están en ascenso— rebasaran las tasas que propone el gobierno.

estadistica

Pensiones miserables

El año 2011 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicaba un estudio que señalaba que los montos de pensión en Bolivia, se ubicarían en el rango del 19,7% al 23,9% del salario final de los asegurados.

Los estudios realizados por IEA Economía Bolivia y la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones en Cochabamba han arrojado resultados similares a los obtenidos en el estudio de la CEPAL. De seguro la determinación del gobierno no va a mejorar esos resultados porque está comprometiendo tasas de interés muy bajas para el uso de los recursos existentes en el Fondo de Pensiones.

Pero la baja rentabilidad no es el único problema del sistema de pensiones boliviano, en el mismo existen otras restricciones que hacen que los montos de jubilación sean reducidos, a saber:

Ni las AFP ni la futura Gestora de Pensiones están obligadas a garantizar una tasa mínima de rentabilidad.

No existe un adecuado asesoramiento previsional para que el asegurado pueda aprovechar a su favor los vaivenes financieros. De hecho, por decisión del gobierno, las AFP están prohibidas de brindar este tipo de asesoramiento.

Se calcula la pensión como si los asegurados fueran a vivir hasta los 110 años de edad; es decir, el capital que logran acumular los asegurados se lo distribuye como si los mismos fueran a cobrar una pensión hasta esa edad.

La incidencia de los derechohabientes —especialmente si son mujeres— es desproporcionada, tanto que pueden bajar un monto de pensión entre el 25% y 40%.


Cochabamba, 17 de enero de 2017


MALVERSACIÓN GUBERNAMENTAL

Raúl Prada Alcoreza

malversacionUsar fondos de un lado del presupuesto o de la contabilidad general a otro lado, cambiar el destino definido de un fondo para otro objetivo, es malversación. Por lo tanto, delito tipificado; se trata de un delito financiero. La malversación es el acto de apropiación indebidamente de valores o fondos, que han sido confiados institucionalmente. Es un tipo de fraude financiero. Puede referirse tanto a caudales privados o a erarios públicos, llamado detrimento patrimonial. El desfalco es una “ofensa estatutaria”, por lo que la definición de este delito varía de estatuto a estatuto, dependiendo. Sus compendios distintivos son: la conversión fraudulenta de la propiedad de otros por una persona jurídica, que tiene posesión lícita de ella. En otras palabras, es un acto delictivo contra el patrimonio, esto es, contra el derecho del propietario de controlar la disposición y el uso de su propiedad. El dispositivo de la conversión requiere una interferencia sustancial en los verdaderos derechos de propiedad del dueño o los dueños, el colectivo en cuestión.

El “gobierno progresista” de Bolivia tiene una inclinación compulsiva al manejo discrecional del presupuesto, de los recursos y de los fondos; en este caso, de los fondos de pensiones. Ya antes, se atribuyó la potestad, por cierto inconstitucional, además de no institucional, ni legal, fuera de ilegitima, de comprar bonos con el dinero de los ahorros de los trabajadores y empleados. Se habla de por lo menos 500 millones de dólares. Nadie ha rendido cuenta de esos usos inconsultos y no programados. Por otra parte, estos movimientos dinerarios adquieren una tonalidad grave cuando ya se tiene la información que las reservas internacionales bajaron subrepticiamente de aproximadamente 18 mil millones de dólares a alrededor de 9 mil millones de dólares. ¿Qué ocurrió con la mitad de las reservas internacionales? ¿En qué fueron usadas? Nadie responde ante tamaño movimiento financiero, salvo nebulosas y fragmentadas declaraciones de altos personeros del manejo económico del Estado. Ahora resulta que se usa el dinero de las AFP’s para un Fondo Agropecuario, para cubrir las necesidades financiera de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, afectados por la sequía y por las inundaciones. ¿Con qué atribuciones lo hacen? Por cierto, no constitucionales, no institucionales, ni legales, ni legítimas. Simplemente es una decisión arbitraria de las autoridades.

Encubren esta malversación financiera de fondos los otros aparatos del Estado, el Congreso, de mayoría oficialista; el Órgano Judicial, cooptado íntegramente por el ejecutivo; la Contraloría, encargada de controlar el manejo de la cosa pública. El delito es compartido por todos; los que toman la decisión arbitraria, los que operan y ejecutan, los que avalan, los que se hacen de la vista gorda, además de los que gritan a voz en cuello su apoyo a semejante manejo discrecional de la cosa pública.

El ahorro de los trabajadores es sueldo o salario diferido, acumulado en años de trabajo; es dinero guardado para los años de la jubilación. Son propietarios de estos recursos trabajadores y empleados, tanto colectivamente como individualmente. Es pues un abuso sin miramientos ese uso discrecional de los fondos de pensiones. Empero, nadie defiende los derechos de los trabajadores, empleados y jubilados, salvo ellos mismos. El gobierno tiene el descaro de decir que está usando estos fondos sin mayores explicaciones, como lo hizo el presidente cuando dijo que se había llegado a un acuerdo con empresarios y el sector agropecuario de Santa Cruz para destinar el 5% del fondo de pensiones a créditos con interés de 7% y 9%.

Estas acciones gubernamentales dolosas y por cierto delictivas, financieramente, no solo tienen el contexto abrumador del uso inconsulto de las reservas internacionales; propiedad del pueblo boliviano, no del Estado, no del gobierno de turno, no de los gobernantes, ni de los funcionarios que se ocupan de esas tareas. Sino un contexto aún más avasallador. No se ha rendido cuentas de los Contratos de Operaciones hidrocarburíferas; que efectiva, implican una desnacionalización, al entregar el control técnico a las empresas trasnacionales, además de conculcar la esperada refundación de YPFB. No se han rendido cuentas de sobreprecios en carreteras, en construcciones, como la represa de Misicuni, así como de las inversiones en las empresas públicas, que no funcionan; algunas son espectros, pues solamente tienen la fachada. No se ha rendido cuenta de la corrosión institucional y la corrupción escandalosa en el caso de la empresa china CAMCE, que no ha cumplido ninguno de sus contratos, incluyendo la compra de las barcazas, que nunca llegaron a Bolivia. No se ha rendido cuenta del bochornoso escándalo del Fondo Indígena. La lista es larga, pero estos ejemplos bastan para ilustrarnos sobre los hondos niveles de la disgregación institucional, descohesión legal y normativa, de la inmoralidad galopante, de la forma gubernamental clientelar.

El suceso político-económico es el siguiente: El gobierno popular resolvió disponer el 5%, equivalente a 150 millones de dólares, del Fondo de Pensiones, correspondientes a los ahorros de los trabajadores y empleados, en condición de jubilados. Se dispone de este fondo en calidad de créditos para el “sector agropecuario y productivo del país”. En este tenor, el presidente anunció la otorgación de un crédito para el sector productivo, a un interés del 7%, por un lapso de 10 años. La decisión política fue tomada a la culminación de una reunión entre el mandatario con empresarios privados y productores del país.

La reacción de la Cámara Agropecuaria fue la siguiente: Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), apuntó que esta medida, aprobada por el gobierno, no solo beneficia a los productores de Santa Cruz, sino a todos los productores del país, en especial a los pequeños, que ahora con este fondo tendrán acceso a la tecnología. Por otra parte, Luis Fernando Barbery Paz, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, destacó que estas medidas fortalecen la “articulación público-privado”. Agregó que este fondo permitirá ampliar la frontera agrícola, en consecuencia incrementar la producción de alimentos para el país, garantizando la seguridad alimentaria[1].

El suceso político-económico, la decisión gubernamental de usar los fondos de pensiones, transfiriéndolos al fondo agropecuario, y la reacción de la burguesía agroindustrial y de los empresarios privados, nos muestra la concomitancia, como dice el presidente de la Federación de Empresarios Privados, la “articulación público-privada”. No hay nada mejor que esta concomitancia para caracterizar al “gobierno progresista”. El gobierno es un operador de la burguesía agroindustrial y de los empresarios privados; por lo menos, de los sectores más connotados, los del oriente de Bolivia. Ciertamente esta no es la única característica del “gobierno progresista”; haciendo el recuento de sus gestiones de gobierno, es un operador de las empresas trasnacionales extractivistas. Además, en lo que respecta a su perfil político, responde a la forma de gubernamentalidad clientelar. Sin describir otras caracterizaciones, quedándonos, por el momento, con estas tres, estamos ante un comportamiento político discrecional, creyente de su impunidad; retórico, en cuanto a las justificaciones de sus actos; corroído por el desajuste de la institucionalidad; embarcado en los circuitos perversos de la corrupción.

Es en este contexto histórico-político e histórico-económico singular que debemos interpretar la decisión gubernamental de usar los fondos de los ahorros de los trabajadores y empleados. En la psicología gubernamental estas decisiones no les parecen onerosas, sino plenamente justificadas. Como son el “gobierno de los movimientos sociales” y responden al “proceso de cambio”, el fin justifica los medios. Este maquiavelismo banal es lo que motiva y anima semejantes acciones financieras.

Se nota en la actitud gubernamental no solamente un desprecio a la Constitución, a la institucionalidad del Estado, macro-institución que ocupan, desprecio a la estructura legal y normativa, sino un desprecio a los trabajadores, empleados, a los jubilados. El desprecio político es rasgo evidente del despotismo. Lo que sorprende es que el pueblo boliviano no reaccione ante semejante vejamen y deja solos a los jubilados en la defensa de sus derechos y de su fondo.

[1] Ver Temen que se pierda dinero de pensiones que vaya al agro. ERBOL. http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17012017/temen_que_se_pierda_dinero_de_pensiones_que_vaya_al_agro.


 

Vea también: 

De la “Modificación de la Ley de Pensiones” a una revisión general del sistema jubilatorio - María Lohman

- ¿Cuál es el destino de nuestros aportes al Fondo de Pensiones? - (audio)

- ¿Cómo va la administración de los Fondos de Pensiones? (audio)