Diferentes miradas sobre el conflicto "cooperativista"-gobierno

evocooperativistasPara nuestro análisis, reproducimos diferentes notas que van circulando los primeros días de septiembre sobre un conflicto que necesitamos comprender todos los ciudadanos para poder  realizar un verdadero control social en temas de políticas extractivistas, sociales y sindicales:

 

1. EL GOBIERNO Y LA REVERSIÓN DE 31 CONTRATOS MINEROS (¿O DE SIETE, O DE DOS O SÓLO UNO?)

Pablo Villegas N. (9 de sept. 2016) 

En la web: https://yque-yque.blogspot.com/2016/09/el-gobierno-y-la-reversion-de-31.html

El 11% de las concesiones del pais corresponden a las cooperativas mineras que son en total 1700. De esas 31 serán afectadas por la reversión ¿o sólo una?.

Uno de los decretos más impactantes lanzado por el gobierno contra las cooperativas, al menos eso se pretendía, es el de la reversión de las áreas de las cooperativas que hicieron contratos con el sector privado dándole acceso a recursos mineros del estado, cosa que naturalmente está prohibida.

Según el gobierno se trata de 31 contratos; pero, una revisión de la lista de contratos revela que 4 de estos presentan datos incompletos, como si el gobierno no tuviera realmente los contratos en sus manos; 5 ya no están vigentes; y, el resto, con algunas excepciones, no incluye más que a piratas de poca monta.


Ahí tenemos a la Sociedad RuiHua Exploración y Explotación de Recursos Minerales de Bolivia S.R.L que no aparece registrada en ninguna parte; Jacha Uru S.A. registrada en fundempresa como boliviana pero que en la prensa china figura como empresa china con el nombre de “Ha Bridge Company”. (1) También están una serie de “sucursales” de empresas matrices de dudosa existencia: ASC BOLIVIA LDC "Sucursal Bolivia" registrada en fundempresa que era subsidiaria de Andean Silver Corporation propiedad de la quebrada Apex Silver Corp.; Mining Development Company, con registro en fundempresa cancelado el 2003, que también figura como “sucursal”.

¿Dónde están las empresas grandes, las “imperialistas” propiamente dichas?


Son las excepciones: Mankiri de EE.UU. con contratos por 25 años, uno del 2000 y otro de 1998; COMSUR, hoy Sinchi Wayra de Glencore con la Cooperativa Poopó, desde el 2001 por 25 años; American Internacional Trading Company (AITC INC.) de EE.UU.; la china Jungie Mining Industry S.R.L. que fue contratada por COMIBOL para el tratamiento del dique San Miguel pero que aquí aparece haciendo negocios por su cuenta; REXMA S.R.L subsidiaria de Recherche et Explotation Miniere Aurifere "Rexma" registrada en la Guyana francesa.


¿Pero de qué extensión estamos hablando? ¿Cuál la importancia económica de estas concesiones? La lista de los 31 no incluye esa información –aunque existe- y eso, por decir lo menos, es una falta de seriedad. Si lo que se quiere es pretender que se está haciendo una revolución, la lista de 31 contratos es poco cosa. Y lo que hace más bien es generar dudas.

¿Por qué el gobierno -que ya lleva una década en la silla- no hizo nada con esos contratos?
¿Es que no sabía?

La pregunta fue hecha por la prensa y la respuesta fue propia de pinocho: la culpa es de FENCOMIN (Textualmente: “Se sabía antes, …, pero nunca se logró consensuar un procedimiento de adecuación con Fencomin” 2).

No solo que sabían, sino que además les habían declarado la guerra. La pelea por estos contratos ya se dio el 2014 cuando se estaba discutiendo el proyecto de la actual ley de minería. Cabe recordar que ese proyecto fue enviado al parlamento por el propio Presidente Morales con la orden de aprobarlo sin cambiar ni una letra. Ese proyecto otorgaba a los cooperativistas justamente lo que ahora reclaman: el derecho de firmar contratos con empresas privadas incluyendo transnacionales; pero fue anulado. Naturalmente los cooperativistas se enojaron y el gobierno -incluyendo al que envió el proyecto- se embarcaron en una guerra sucia contra ellos donde –aparte de las acostumbradas acusaciones de traición a la patria, imperialismo, etc- sacaron datos de estos contratos.

El gobierno sostuvo que había revisado todos los contratos mineros del periodo 1999-2005 identificando 7 (Sí, siete), (3) y respecto al periodo posterior el Procurador General dijo: “…no existen mayor número de contratos suscritos con posterioridad a la Constitución vigente del 7 de febrero de 2009”. (4) Pero ahora resulta que la lista de los 31 tiene 7 contratos de ese periodo y 9 en total desde el 2006.

Las contradicciones son muchas. Por ejemplo Mankiri en la lista de los 31, tiene contratos con dos cooperativas, pero el Ministro de Minería dice que son ocho (5). ¿Entonces por qué no incluyeron las ocho cooperativas en la lista? Podríamos seguir pero lo anterior es una muestra suficiente de cómo se ha conducido la defensa de los intereses del país sobre los recursos mineros.

¿Entonces qué es lo que pretenden con la tan bullada reversión?

Para responder vale agregar un dato más. Frente a la lista de los 31, COMIBOL habla de sólo 7 contratos, pero, ojo, de estos sólo dos están vigentes y uno de ellos en proceso de resolución por incumplimiento (6). De ser esto realidad ¿querría decir que todo este lío podría haber sido armado por un sólo contrato? Las cooperativas tienen el 11% de las concesiones mineras. De aquí se revertirán 31 contratos que podría ser sólo uno. Y sí. Lo dijo el propio vicepresidente a Telesur:

“ha habido algunos cooperativistas, yo diría un pequeño grupo de dirigentes cooperativistas…que … arrendaron las concesionaron a una empresa privada”.

Las expresiones “algunos”, “un pequeño grupo” coinciden con las lamentables listas de contratos que no muestran ningún respeto por la dignidad de un país que dice defender su soberanía sobre los recursos naturales. ¿Pero, insistimos, qué pretenden con la reversión?

La respuesta la dio el vice a Telesur:

“La empresa que produce seguirá produciendo, los obreros que están trabajando en esa empresa seguirán trabajando pero ya ese falso cooperativista… ese ya no tiene el contrato…” (7)

O sea nada.
Se castigará al cooperativista pero no a la empresa que también cometió el delito al acceder ilegalmente a los minerales, pasando por encima del estado. Y la empresa podrá continuar extrayendo y exportando nuestros minerales como siempre.

He ahí una muestra del socialismo comunitario.

NOTAS:

1. http://www.feishang.cn/news/NewsDetail.aspx?menuid=1101&nid=6378
2. El Gobierno dice que Fencomin dilató la anulación de contratos. Lidia Mamani, Página Siete, 03/9/2016.
http://www.paginasiete.bo/economia/2016/9/3/gobierno-dice-fencomin-dilato-anulacion-contratos-108566.html
3. 7 contratos mineros son lesivos al Estado. Los Tiempos, 24/04/2014.
4. Procuraduría presenta denuncia por anomalías en siete contratos. Jimena Paredes. La Razón, 24/4/2014.
http://www.la-razon.com/economia/Cooperativas-Procuraduria-presenta-denuncia-anomalias-contratos_0_2039796019.html
5. Navarro denuncia que 8 cooperativas entregaron concesión a Manquiri.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0905/noticias.php?id=199164
6. Comibol y Minería analizan la recisión de contratos con cooperativistas. Abyayala, 31/8/2016
https://www.youtube.com/watch?v=TvhbyWoA4_M
7. Bolivia: gobierno reduce privilegios a cooperativas mineras. TeleSUR.tv, 2/9/2016 http://multimedia.telesurtv.net/v/bolivia-gobierno-reduce-privilegios-a-cooperativas-mineras/


 

2. Ante el conflicto Gobierno – minería cooperativizada

El colectivo Una Nueva Oportunidad (11 de sept- 2016)

VER EN PDF AQUI: http://somossur.net/documentos/pronunciamiento_cooperativas_uno.pdf

 

evocooperativistas

Historia, percepción nacional y deconstrucción de la verdad

Arturo D. Villanueva Imaña

Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores y nunca los vencidos; pero además, los vencedores generalmente han resultado siendo personas individuales y singulares, casi siempre dotadas de alguna particularidad sobresaliente que se sobrepone y destaca, anulando, otros y diversos factores intervinientes en los hechos.

Por esta razón, evidentemente con fundamento, se ha llegado a la conclusión de que se ha creado una historia “oficial” (concordante con los intereses de los “vencedores”), que constituye una historia sesgada, porque al margen de haber sido escrita por encargo y por individuos que, en muchos casos, ni siquiera formaron parte de los acontecimientos relatados, además nunca han contemplado los hechos y el protagonismo del pueblo.

Al respecto pueden efectuarse multiplicidad de digresiones muy ricas, que en este caso dejaré al margen. Sin embargo, me quedo con el criterio de que si bien la historia la escriben los pueblos y es ella la que se queda en la memoria colectiva, en cambio no siempre es la misma que se plasma en la versión “oficial”. Y ello se explica porque de manera invariable, siempre surge alguien (principalmente ligado a algún tipo de interés y muy especialmente cuando se trata de defender el poder o el gobierno circunstancialmente detentado), que se encarga y busca establecer un imaginario y una forma de comprender los hechos.

Se trata de una tarea que puede ser comprendida como un afán natural para crear un “sentido común” en la sociedad, y establecer una hegemonía acorde a los intereses o el proyecto que representan. Por ello mismo, a no dudar y en tanto busquemos remitirnos al pasado para encontrar respuestas, rescatar lecciones, develar hechos, o establecer la verdad; siempre habrá una “historia oficial”, aunque casi siempre también, discordante de la percepción y la memoria colectiva que descifra los hechos de una manera diferente…

Ayudado por esas reflexiones, acerquémonos al conflicto con los “cooperativistas” mineros, y veámoslo a través del intento de construir historia en la que parece haberse embarcado el gobierno.


Aquejado por una incomprensible incapacidad autocrítica y totalmente consciente de un represivo, confrontacional y pésimo manejo del conflicto, cuyos varios muertos se acumulan a las decenas que ya se han producido durante su gestión; el gobierno se ve empeñado en una enorme campaña para “implantar” en el imaginario social una idea (léase ”verdad histórica”), que se contrapone diametralmente a la percepción ciudadana, cuya expresión más clara son las redes sociales. El oficialismo busca desvirtuar y demostrar que el conflicto no ha sido una muestra de la disputa y, mucho menos, un desentendimiento en pugna entre aliados extractivistas (“cooperativistas” y gobierno). No hay que olvidar que por más de una década, ambos están esquilmando hasta el agotamiento los recursos minerales del país, así como aprobando normas, disposiciones y hasta préstamos y otras franquicias que favorecen intereses privados y transnacionales, a costa de gravísimos daños socio ambientales y otras “perlas” que todo el país conoce. En realidad lo que se busca (bajo la tesis de la conspiración y el inusitado despliegue de todo el aparato estatal, incluyendo denuncias de los ministerios de Comunicación, la Presidencia, e inclusive una convocatoria a la Asamblea Legislativa para que ministros presten informe sobre los acontecimientos sucedidos), es reeditar la versión de que se estaba gestando un golpe de Estado, para ocultar y hacer desaparecer toda su responsabilidad sobre los graves hechos de violencia y muerte acaecidos.

Puede ser absolutamente comprensible la intención de generar un sentido común y desarrollar un imaginario que busque la empatía y el respaldo ciudadano respecto de un referente; pero de allí a tratar de desvirtuar u ocultar responsabilidades, o los verdaderos hechos y sus causas con tal de “identificar” otros culpables que no sean uno mismo (generalmente imaginarios y fantasmas); no solo implica despreciar la inteligencia y el sentido común de la gente, sino también una descarada irresponsabilidad al pretender mostrar las cosas como no son.

El gobierno y sus ministros tan empeñados en este penoso afán, parecen no darse cuenta (o no quieren entender) que el rechazo, repudio, la bronca acumulada y el descontento que expresa la ciudadanía contra estos actos, no es resultado de una “labor conspirativa” o el interés por “erosionar y debilitar el gobierno” que la oposición hubiese generado, o resultado de la manipulación de los medios de comunicación; sino más bien producto de sus propios actos y despropósitos. Reinventar los hechos para acomodarlos a las propias conveniencias puede tener el mérito del autoconvencimiento, e inclusive la creación de un descargo o coartada; pero cuando choca y se contrapone a la realidad, o peor, la pretende distorsionar (mal)intencionadamente, solo puede dar como resultado el rechazo firme.

{youtube}copWCCe8i5c{/youtube}

Para nuestro análisis, reproducimos diferentes notas que van circulando los primeros días de septiembre sobre un conflicto que necesitamos comprender todos los ciudadanos para decidir en temas de políticas extractivistas, sociales y sindicales.En memoria de Rodolfo Illanes:


 

3. En memoria de Rodolfo Illanes

Rafael Puente (2 de sept. 2016)


illanes Por un mínimo de respeto del Viceministro muerto (y de su edecán al que los asesinos llegaron a dar también por muerto) creo que tenemos la obligación de reflexionar serena y objetivamente sobre lo ocurrido, cosa que no siempre está ocurriendo. La gravedad de ese inédito asesinato a sangre fría es normal que nos indigne, pero precisamente por eso debemos hacer un análisis que apunte a mejorar las actuales condiciones de la minería y de la sociedad en nuestro país.

En primer lugar no tiene sentido la teoría de la conspiración, lanzada por nuestro propio Presidente. No avanzamos nada si le seguimos echando la culpa de todo a la oposición y a sus aliados externos. Para empezar sería magnificar la capacidad de las fuerzas políticas opositoras, que en realidad es muy pequeña. Otra cosa es que puedan alegrarse de todos los tropezones del Gobierno, y que intenten aprovecharse de ellos, pero si fueran tan poderosas como para planificar semejante crimen estaríamos ya políticamente perdidos. No, compañero Presidente, lo que necesitamos es capacidad de reflexión auto-crítica. La causa profunda y principal de la tragedia ha sido la miopía con que nuestro Gobierno ha hecho crecer a las cooperativas mineras hasta convertirlas en auténticos monstruos. Hace tiempo que han dejado de ser verdaderas cooperativas de trabajadores pobres que se organizan solidariamente para sobrevivir, hace tiempo que son empresas capitalistas en el peor sentido de la palabra que es el capitalismo salvaje que acumula ganancias a costa de no respetar los derechos elementales de sus trabajadores (seguro social, jubilación, organización sindical). Y en esta apreciación coincido con personas fuera de toda sospecha como Alfredo Rada, Carlos Mesa y Huracán Ramírez…

A partir de ese análisis tienen toda la razón los compañeros de la Comibol y de la COB, al igual que los dirigentes cocaleros, cuando piden la nacionalización de las cooperativas, única solución a largo plazo y que sería perfectamente compatible con el respeto por los derechos de sus actuales trabajadores.

En segundo lugar tampoco tiene sentido acusar al Gobierno de no haber hecho nada por salvar la vida del Viceministro (cosa que por lo demás no se deduce del famoso video en que se lo ve rodeado de sus asesinos). Una vez creada la difícil situación ¿qué podía hacer el Gobierno? Con gente que está dispuesta a matar así, a sangre fría, avisando de sus intenciones y casi regodeándose en su propia criminalidad, no había forma de evitar el asesinato, ¿o alguien pretende que se hubiera enviado un avión bombardero? El viceministro Illanes fue víctima de la inocencia con que pretendía negociar personalmente el conflicto (y lo digo yo, que el año 2006, ocupando ese cargo y junto con el entonces Ministro, más un asesor del Presidente, tuvimos que escapar de Huanuni cuando los cooperativistas pretendían impedir nuestro retorno a La Paz).

De la misma manera que no se justifica criticar una supuesta falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno. ¿Qué diálogo cabe con esos dueños de las cooperativas que advertían que la única solución válida consistiría en respetarles todas sus demandas (cero aranceles de importación, subvención de la energía eléctrica, cero obligaciones ambientales, ampliación de concesiones, autorización para asociarse con empresas privadas, cero sindicalización de sus trabajadores). El diálogo llegó a convocarse, pero es evidente que era inviable. Tampoco es serio hablar de "golpe de Estado” por parte de las cooperativas. No pretendían ningún golpe, sólo pretendían seguir siendo los niños mimados del Gobierno…

En tercer lugar es cierto que se tiene que investigar también las muertes de cuatro cooperativistas —por cierto humildes trabajadores de base que bloqueaban y dinamitaban chantajeados por sus empresarios que no arriesgaban el pellejo—, ya que según el propio Ministro de Gobierno la Policía no podía manejar armas de fuego sino sólo agentes químicos.

Pero tampoco se puede equiparar estas muertes, ocurridas en una refriega con explosivos, con el asesinato premeditado y cruel del Viceministro (que había sido anunciado cínicamente por el dirigente Caricari, y presenciado por Carlos Mamani, presidente de Fencomin).

Por respeto a los muertos del conflicto lo que tenemos que hacer no es complicarlo más, con acusaciones mutuas, sino sacar conclusiones…

* Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.