TCP valida Ley de ONGs, mientras NNUU la critica

omgRecientemente el Tribunal Constitucional  publicó la Resolución que declara constitucional la Ley 351 de ONGs y el D.S. que la reglamenta. El 2015, Rolando Villena, el entonces Defensor del Pueblo, catalogó de "inconstitucionales" estas normas al violar derechos civiles.   Recientemente el relator de las Naciones Unidas, Maina Kiai, calificó la ley y el decreto supremo como "un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación".

La modificación a la ley y el reglamento fueron propuestos por el asambleista Victor Borda luego de que el vicepresidente Linera declarara en la mira a cuatro ONGs críticas a la política del gobierno el año pasado. 

Conozca la Ley y las repercusiones.

PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE ONGS...AQUÍ


Las declaraciones sobre la ley

Alvaro García Linera:

“Cada vez son menos necesarias las ONG. Antes, cuando no había Estado, las ONG hacían el papel del Estado, ahora hay un estado fuerte, un Estado que asume su responsabilidad”...“Si encontramos a otra ONG extranjera, otra institución extranjera u otro gobierno extranjero que financia actividad político partidaria en Bolivia, por supuesto que vamos a tomar las medidas que correspondan a nivel diplomático si es a nivel de Gobierno, y si es institución, expulsarla”. (13 de agosto de 2015)

Hugo Siles, ministro de Autonomías:

"Sobre la información que ha dado el Vicepresidente vamos a cruzar datos y vamos a incluir a otros actores para que se sumen a esta fiscalización". (13 de agosto de 2015)

Víctor Borda, asambleista del MAS:

- “Hemos encarado ya un diagnóstico de las ONG, porque creo que es importante que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una ley que establezca su naturaleza jurídica, estructura, composición, finalidad, pero fundamentalmente que se transparente el manejo económico”.

- “Algunas ONG están inmiscuyéndose en la política de Bolivia de manera radical muy perversa, gestionando movimientos irregulares; mucha gente a nombre de estas instituciones se han enriquecido en pocos años a nombre de la pobreza en Bolivia”.

- "De 2.228 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en Bolivia, 1.937 no cuentan con registro actualizado"

ONGs: "Atentado a la libre asociación"

- "...Dichas acusaciones y amenazas constituyen un gesto de autoritarismo e intolerancia de su parte que, además de concretarse por la vía de la expulsión, implicarían un grave corrimiento respecto de la restricción de los derechos civiles; entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana." (carta pública de 28 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa)

- “Nos llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional en su sentencia haya omitido totalmente estos alegatos del derecho internacional sobre derechos humanos, respecto a la libre asociación” (Marco Gandarillas investigador del Cedib.)

- “El modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre las ONG han sido redactados permite que se tome decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación” ...“Algunos gobiernos recurren a disparatadas teorías conspirativas para evitar rendir cuentas y distraer la atención pública sobre temas que les incomodan”( José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch)

- “ (la libre asociación) Es un derecho humano establecido tanto en la Constitución como en todos los convenios internacionales vinculados a los derechos humanos”(Hernán Ávila, CEJIS)

- “Hay formas para regular con lo que tenemos; hemos visto que no es del todo suficiente, pero tampoco se trata de generar una permanente coerción; ustedes conocen mi posición, pero tampoco podemos generar la informalidad y discrecionalidad se apoderen de esto" (ministro de Autonomías y Descentralización, Hugo Siles)

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que están en la mira del Gobierno nacional

Requiere mayor análisis las listas que elabora el gobierno de ONGs observadas en los últimos años. Hay listas de 40 instituciones observadas, entre las que se encuentran ONGs de la oposición (de la derecha), como tambien ONGs críticas a las políticas actuales de "Desarrollo" del gobierno del MAS. Sobresalen las siguientes cuatro instituciones de impacto nacional que sobre todo aportan en el campo de la investigación económica y social:

1. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
2. Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
3. Fundación Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (Fundación Tierra)
4. Fundación Milenio.

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 TCP declara constitucional la Ley 351 que permite cerrar ONG

04 de julio de 2016, ANF

En agosto de 2015, el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional los artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que permiten cerrar una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.

"La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”, se lee en el fallo del TCP.

Concluye que "no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.

En agosto de 2015, el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de "inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

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Califican ley boliviana sobre ONG como "ataque" a libertad de asociación

ANF, 07 de julio de 2016

Maina Kiai, relator especial de las NNUU para la libre asociación, califica a la ley y al decreto supremo que restringe las actividades de las ONG y las pone en riesgo de cierre en Bolivia como "un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación".

mainaEn un artículo escrito por Kiai para una publicación de las NNUU observa que las "restricciones" establecidas en la norma boliviana "pueden ser interpretadas como un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación. La ley parece dirigida a obstruir el trabajo de las asociaciones que no apoyan la plataforma de desarrollo social y económico del gobierno".

La Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Rolando Villena, presentó en 2014 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7 de la ley 351 de ONG y 19 de su decreto reglamentario; pese a las recomendaciones de NNUU, el Tribunal Constitucional declaró como válidos ambos artículos en diciembre pasado, pero no lo informó hasta esta semana.

Con ello, el Tribunal evitó que la gestión de Villena, que ya concluyó, pudiera presentar un recurso internacional. El actual Defensor del Pueblo David Tezanos Pinto, declaró que respalda el fallo del Tribunal Constitucional.

El Tribunal pidió a Kiai su opinión antes de emitir su fallo, pero finalmente decidió no aceptar su recomendación.

La ley y el decreto obligan a las ONG y fundaciones a seguir los lineamientos de las políticas del Gobierno del presidente Evo Morales, bajo el riesgo de cierre.

El documento de Kiai explica que su mandato "presentó un (texto) alegando que las disposiciones bolivianas restringen injustificadamente el derecho a la libertad de asociación previsto por el derecho, las normas y los principios internacionales", según el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la libertad de asociación y de la que Bolivia es parte.

Kiai recuerda que las restricciones al derecho a la libertad de asociación solo son permitidas por el Pacto cuando están prescritas por la ley, persiguen un objetivo legítimo y son necesarias en una sociedad democrática. "Ninguno de los dos artículos cuestionados en el caso de Bolivia supera esta prueba", afirma.

"Las nociones vagas referidas en las leyes bolivianas, tales como ‘contribución al desarrollo social y económico’ y ‘políticas y/o normas sectoriales’, son todo menos claras. En teoría, se puede argumentar que todas las causas de derechos humanos deberían ser consideradas como contribuyentes al desarrollo social y económico, pero no hay ninguna garantía de que el funcionario boliviano pertinente vaya a adoptar esta interpretación", expresó el relator, de nacionalidad keniana y formado en las universidades de Nairobi (Kenia) y Harvard (EEUU).

El funcionario agregó que "las disposiciones dejan simplemente demasiado espacio para elabuso de poder y las interpretaciones arbitrarias de funcionarios estatales".

También indica en su texto que "aunque las restricciones estuviesen prescritas adecuadamente por la ley, no persiguen un objetivo legítimo (…). El derecho a la libertad de asociación (debe aplicarse) explícitamente a asociaciones que no acatan la línea del gobierno; de hecho es en estos casos donde la observancia del derecho es más fundamental".

El documento, publicado en 2015, establece que "no otorgar o revocar la personalidad jurídica de asociaciones que tienen ideas distintas a los políticos del momento tiene sencillamente demasiado alcance, sobre todo cuando se tiene en cuenta el amplio margen de discrecionalidad permitido a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley".

El Gobierno boliviano ha defendido la ley y el decreto reglamentario. El ministro de Participación Popular, Hugo Siles, dijo a Página Siete que las ONG o fundaciones "que vayan contra las políticas de nuestro Estado y Gobierno, de la legislación boliviana, de los planes de la Agenda Patriótica 2025 y el plan de desarrollo económico social" serán pasibles de cierre.


CEDIB observa que el TCP haya omitido recomendaciones de las NNUU sobre la ley 351

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya “omitido totalmente” la recomendación del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, sobre garantizar los derechos de la libre asociación de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

articulocediblibertadongs“Nos llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional en su sentencia haya omitido totalmente estos alegatos del derecho internacional sobre derechos humanos, respecto a la libre asociación”, sostuvo Marco Gandarillas investigador del Cedib.

Esta semana, se conoció que el Tribunal Constitucional declaró constitucional La Ley 351 sobre Otorgación de Personerías Jurídicas para las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, en la misma exige que estas entidades definan claramente su “contribución al desarrollo económico y social” en el artículo 7.

Fuente: ANF

Vea un artículo de Marco Gandarillas de CEDIB en su revista "Petropress" sobre "La libertad de asociación en uno de los países más democráticos (y extractivistas) del mundo"...AQUÍ


Otras miradas

Sobre las ONG

Correo del Sur, 21 de agosto de 2015

Probablemente a consecuencia de la interpelación que varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han hecho al Gobierno por su viraje programático respecto a temas como, entre otros, eludir la consulta a los pueblos indígenas cuando se trate de intervención en sus territorios, la apertura de parques nacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos, su posición ambigua sobre el uso de transgénicos como de propiedad de la tierra rural; las principales autoridades del país han comenzado una dura campaña en su contra.

La estridencia y contenido de ésta, como han hecho notar analistas nacionales e intelectuales internacionales (muchos, muy cercanos al Vicepresidente del Estado), está dirigida a controlar la disidencia, más aún de la que proviene de gente que en algún momento apoyó al Movimiento Al Socialismo (MAS) en su búsqueda del poder, participó en la formulación de su programa de gobierno y su difusión, sin contar que una buena parte de los funcionarios con capacidad de decisión del aparato estatal proviene precisamente de ese sector.

Las ONG nacieron en la década de los 60 a impulso, con excepciones, de laicos de la Iglesia Católica para apoyar a la gente en espacios a los que el Estado no llegaba. Así, se volcaron a salud, educación, desarrollo, dando un apoyo significativo a la tarea de reducir los elevados niveles de miseria entonces existentes. En los tiempos de las dictaduras militares, las ONG crearon espacios de debate político y ejecutaron proyectos de organización comunal, capacitación político-sindical, información alternativa/popular, etc. Recuperada la democracia, les tocó realizar su adecuación a un escenario de amplia pluralidad ideológica e incremento de actividades, junto a encarar la tarea de participar en las acciones dirigidas a paliar las consecuencias de los desastres naturales que sufrió el país en los 80 y las crisis económicas que se sucedieron. Además, comenzaron a atender la emergencia de sectores tradicionalmente excluidos, fundamentalmente, mujeres e indígenas.

A partir de 1994 comenzó a revisarse su funcionamiento, particularmente luego de la promulgación de la Ley de Participación Popular, que permitió que el Estado amplíe su presencia en la geografía nacional, impulsando a las ONG a relacionarse con los gobiernos municipales.

Además, el desarrollo de las ONG en Bolivia ha ido paralelo al que se presentó en toda la región y ha tenido un apoyo decisivo por la creación de entidades similares en el mundo desarrollado, encargadas de canalizar en forma más eficiente –que a través de los canales estatales– recursos de solidaridad y provenientes de acuerdos internacionales hacia los países más pobres.

No exentas de críticas, las ONG siguen cumpliendo un papel importante en el país y pese al acoso al que son sometidas desde el Estado, su especialización profesional hace que su aporte en los campos de la producción, la organización, el desarrollo, la salud, la educación, los derechos humanos y el análisis, sea demandado. Por tanto, reclamar porque se las deje trabajar en los marcos establecidos legalmente no sólo es un acto de solidaridad, sino de un sentido de realidad, más aún cuando hay tanto espacio para debatir y actuar.

No exentas de críticas, las ONG siguen cumpliendo un papel importante en el país y pese al acoso al que son sometidas desde el Estado, su especialización profesional hace que su aporte sea demandado.


¿Doble moral?

Se desató una disputa entre algunas ONG’s y el Gobierno 

"El oficialismo critica los mismos métodos que usó para llegar al poder"

VOCEROS DEL GOBIERNO critican a varias ONG’s que vienen promoviendo la Marcha Indígena, afirmando que éstas tienen intereses financieros para provocar una crisis ambiental a favor de especuladores de los llamados Bonos de Carbono.

Aluden a entidades como CEADESC, SENDA, CEJIS, Casa Colectivo, MINKA y Plataforma Boliviana de Cambio Climático, entre otras, como principales activistas de la movilización indígena.

Los aludidos retrucaron. Carlos Crespo Flores, a través de una nota publicada en Bolpress, recordó que el propio Evo Morales recibió apoyo de las ONG’s antes de llegar al poder. 

“En la década del 80’ se estructuró el Equipo Técnico Campesino, conformado por un grupo de intelectuales y técnicos que entonces trabajaban en ONGs del Departamento de Cochabamba, quienes hicieron una alianza para apoyar la lucha cocalera; entre ellas CIDRE, CINEP, CEDIB, CERES, que pusieron dinero y personal para, no solo apoyar la formulación de un plan de desarrollo del trópico alternativo a la propuesta del gobierno de entonces y Usaid, sino también asesorar políticamente en la coyuntura al líder máximo y su directiva. Estas ONGs estaban relacionadas con partidos políticos de entonces, como el MIR y el FRI”, escribió Crespo.

Da la casualidad que muchos estrechos colaboradores, incluso asesores, del presidente Evo Morales en lo que va de sus dos periodos de Gobierno son precisamente “ex” militantes del MIR y de FRI, que otrora co-gobernaron con ADN y el MNR.

(El negreado es nuestro)romerocejis

En 2003, Morales destacó el apoyo de este centro a cocaleros


 

Antes, Evo elogió a CEDIB por decir la verdad, ahora García dice que miente


ERBOL, 11 Agosto de 2015

En una carta del 21 de julio de 2003, Evo Morales destacó el trabajo del Centro de Documentación de Información Bolivia (CEDIB) por ayudar a los cocaleros y difundir la verdad. Ahora, el vicepresidente Álvaro García Linera amenazó con expulsar a esta organización, acusándola de mentir y responder a intereses extranjeros.

evo cocalero300“El CEDIB, mediante programas de televisión, la revista '30 días', el Foro del Sur, Boliviapress (Boletín electrónico que llega a mas de 6.000 lectores), siempre busca difundir la verdad de los procesos económicos y políticos del país”, dice la nota firmada por el entonces diputado Morales.

Asimismo, Evo mencionó que el CEDIB apoyó el fortalecimiento sindical de las federaciones del trópico y elaboró “materiales en que se defiende los intereses de las mayorías y específicamente de los productores de coca”.

Actualmente, para el Vicepresidente, el CEDIB y otras organizaciones no gubernamentales mienten para favorecer a intereses extranjeros, los cuales pretenden que Bolivia se estanque en su desarrollo y no explote sus riquezas. En ese sentido, advirtió que si estas organizaciones se entrometen en asuntos políticos serán expulsadas.        

García calificó a los directivos del CEDIB de “trotskistas verdes” y los acusó que cambiar su ideología por dinero, porque antes defendían la industrialización, pero ahora no quieren que se toque el “pétalo de una flor”.  

Para Evo Morales en 2003, el respaldo al CEDIB era importante porque “son muy escasos los espacios de información crítica y comprometidos con el pueblo de Bolivia”.

Goni y García acusan al CEDIB de lo mismo

El director del CEDIB, Marco Gandarillas, señaló que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a esta organización de servir a intereses extranjeros, como ahora lo hace el Vicepresidente.

“En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el CEDIB fue intervenido, se nos acusó entonces de ser una organización perteneciente a la narco-guerrilla cocalera y de ser, lo que curiosamente nos acusa el Gobierno (actual), una organización al servicio de intereses extranjeros”, explicó.

Gandarillas indicó que el Centro se mantiene con aportes de personas y organizaciones de Bolivia y el exterior.

Personería jurídica

El Director del CEDIB informó que, desde la promulgación de la Ley de Personalidades Jurídicas en 2013, el centro no puede renovar su personería.   

“Estamos a punto ser ilegalizados. Con el linchamiento mediático a que nos han sometido probablemente ninguna instancia que tiene que resolver este trámite en favor nuestro lo va hacer”, lamentó.
 
Gandarillas, además, observó que la Ley de 2013 obliga a las organizaciones no gubernamentales a alinear sus estatutos con los planes de desarrollo estatales y se creó un mecanismo para revocar la personalidad jurídica por causa de “interés público”.

El aporte del CEDIB

Según Gandarillas, el CEDIB alertó que transnacionales se aprovechaban de contratos con cooperativas mineras, por lo cual el Gobierno ordenó revisar la Ley de Minería. Asimismo, la Procuraduría requirió información de este centro para encarar el litigio con South American Silver por Mallku Qhota.

El Director del CEDIB aseveró que el Vicepresidente, en su visita a la feria del libro de La Paz, adquirió los textos que publicó esta organización.


Archivo

Evo respaldó el trabajo de CEDIB

Una "Carta de Respaldo" firmada por Evo Morales Ayma -en calidad de diputado del MAS como un tácito reconocimiento a una "ONG" por ser un "espacio crítico y comprometido con el pueblo de Bolivia".

carta evp cedib


 

Una ONG yanqui que el Gobierno no toca

El propósito aparente de las “certificaciones” encomendadas a Rainforest Alliance es el de garantizar un supuesto “manejo sostenible de los bosques”; aunque en los hechos dicho “sello verde” es una franquicia para la exportación de maderas preciosas industrializadas y semi-elaboradas especialmente dirigida al mercado norteamericano…

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL NORTEAMERICANA Rainforest Alliance, estrechamente vinculada a la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo (USAID, por su sigla en inglés), es la principal “certificadora” de las concesiones madereras en el país a través de su programa “SmartWood” que se ejecuta desde 1996 al amparo de la Ley 1700 (Ley Forestal) promulgada por el por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y todavía en plena vigencia bajo el actual Estado Plurinacional.

Las certificaciones “SmartWood” que otorga Rainforest Alliance cuentan con el respaldo institucional de entidades privadas como la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y el Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR) también financiado por USAID.

El propósito teórico y aparente de las “certificaciones” encomendadas a Rainforest Alliance que otorga un “sello verde” a los exportadores madereros —y que el Gobierno boliviano está obligado a convalidar en cumplimiento de la Ley 1700—, es el de garantizar un supuesto “manejo sostenible de los bosques”; aunque en los hechos dicho “sello verde” es una franquicia para la exportación de maderas preciosas industrializadas y semi-elaboradas especialmente dirigida al mercado norteamericano.

Rainforest Alliancees una de las ONG’s de USAID que fue conminada por la Asociación de Municipios de Pando (AMDECO) el 6 de julio del pasado año 2010, para abandonar el territorio amazónico boliviano en un plazo que ya se venció hace más de un año.

 Vea también: 

Gobierno censura a ONGs y medios