Inmerecida condecoración a las ffaa

Nueva Crónica
Editorial. 2da quincena de noviembre 2010

Inmerecida condecoración a las ffaa


La “Orden Parlamentaria al Mérito Democrático Diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz”, instituida por el Senado a mediados de los 90, ha sido conferida nuevamente a las Fuerzas Armadas. Durante el segundo gobierno del Gral.
Banzer, la distinción se otorgó a la institución castrense por su contribución a la consolidación del régimen democrático. Y ahora, durante el segundo gobierno de Evo Morales, la distinción conmemora el bicentenario de la creación del Ejército.

En ambas oportunidades, la condecoración que recibieron las ffaa ignoró el propio reglamento de la Orden, que está destinada al reconocimiento del aporte a la consolidación del sistema y de los valores democráticos hecho por “personalidades” o por cierto tipo específico  de “instituciones culturales, científicas, religiosas, sindicales y corporaciones privadas”. Que el Senado no respete la legalidad, ya no es una novedad. Pero lo verdaderamente insólito es que el Ejército reciba ese alto reconocimiento.  Y lo es por dos razones fundamentales:

En primer lugar, porque si hubo una institución que fue responsable de las frecuentes interrupciones del orden democrático a lo largo de nuestra vida republicana, es justamente las ffaa. El hecho de que durante los últimos 28 años las ffaa  se hubiesen abstenido de violar el régimen constitucional, más que un mérito suyo, es una conquista de la  ciudadanía democrática. Las gravísimas violaciones contra los derechos humanos cometidas por las ffaa
–incluyendo el asesinato y desaparición de demócratas– no han sido suficientemente investigadas y sancionadas.

En segundo lugar, porque la persona en cuya memoria se instituyó la Orden parlamentaria, justamente cuestiona el desempeño institucional de las ffaa durante las últimas tres décadas. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue herido por un comando de oficiales del Ejército el 17 de julio de 1980, llevado al Estado Mayor de las ffaa, torturado por oficiales hasta quitarle la vida, y luego desaparecido por instrucción de las autoridades militares sin dejar rastro del paradero de sus restos hasta el día de hoy. Elnombre de Marcelo Quiroga es, por estas razones, una impug nación a una institución que se ha negado sistemáticamente a de cirle al país qué hizo con Marcelo Quiroga Santa Cruz y dónde tiene secuestrados sus restos.

Los familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz intentaron vanamente anular la primera condecoración a las ffaa, como procuraron después impedir que la Ley anti corrupción llevara su  nombre. Ninguna de las dos exhortaciones  fue escuchada por las autoridades de los gobiernos de Banzer y Morales. Pero más allá de la sensibilidad y la opinión de los familiares que el  poder prefirió y prefiere ignorar, está la responsabilidad política que implica otorgar distinciones e indulgencias a una institución que se niega a esclarecer los delitos cometidos por sus miembros, con el agravante de que mientras prosiga la desaparición de Marcelo Quiroga y Carlos Flores, el Estado Mayor de las ffaa es, jurídicamente, una “escena del crimen”.

En los últimos dos años, las ffaa  han impedido –con el respaldo incondicional del gobierno– que la fiscalía pueda revisar la documentación que facilitaría las investigaciones orientadas a dar con el paradero de los casi
150 ciudadanos desaparecidos durante los go­ biernos militares. La negativa a desclasificar la documentación con la que cuentan las ffaa es una afrenta al sistema democrático, que no debió haber sido premiada bajo ninguna consideración o circunstancia.

La adscripción militante de las ffaa al “proceso de cambio” y su adhesión ideológica a los postulados antiimperialistas, anticapitalistas y del “socialismo comunitario”  profesadas recientemente por el Comandante de Ejército, han sido correspondidas por la Asamblea Legislativa con una condecoración  inmerecida. Y así como en el pasado fue reprochable el alineamiento de las ffaa a la doctrina de seguridad nacional, lo es ahora su colusión con el partido de gobierno, que pone en tela de juicio la independencia y el carácter no deliberante que la Constitución asigna a esta institución.